Democracia Deliberada

-decimocuarto comunicado-

Nos preocupa que la reforma educativa no llegue a buen fin. Podríamos abundar en la condena pública a las protestas de la CNTE en cuatro de los estados más pobres del país (Gro, Oax, Mor y Mich) pero no lo haremos. Lo que sí condenamos es que el SNTE, la CNTE y el gobierno federal parecen seguir compartiendo el uso de los maestros. Ese problema es la concepción de la educación pública (de maestros, puestos y presupuestos) como si fueran un botín. Uno que se recibe, se administra, se usa, se invierte y se apropia cotidianamente o en tiempo de elecciones. En esto, consideramos que el gobierno -lo mismo que los líderes sindicales- aún no muestran suficientes pruebas de no tener la intención de seguir calculando sus movimientos con base en una expectativa patrimonial de los recursos educativos.

Los líderes de la CNTE movilizan a sus clientelas preocupadas porque en un examen universal estandarizado puedan perder las plazas que heredaron de alguien más (a veces de sus propios familiares). Sin dudarlo, nos oponemos a la defensa que la CNTE hace de la venta y herencia de plazas, de la exclusión de enemigos políticos de los concursos que deberían ser públicos, y la imposición de una obligación legal para que los maestros participen en movilizaciones convocadas por la dirigencia.

No obstante, aún no conocemos los detalles de las evaluaciones a los profesores. Asumiendo que las evaluaciones las diseñará y aplicará un sólo órgano externo a todos los maestros a nivel nacional, es razonable esperar que sean los maestros de las zonas rurales y de los estados más pobres los que -en efecto- pierdan sus plazas. En un mercado laboral que no se puede describir como vibrante (el guerrerense, oaxaqueño, etc) entendemos algunos porqués de las tomas de las calles. En este sentido, el cálculo de riesgo que hacen muchos maestros no es muy distinto a aquellos que tienen el privilegio de ingresos garantizados vía concesiones del estado, sean mineras, televisivas o sindicales.

Lo que nos cuesta más trabajo entender es cómo el gobierno mexicano, al haber acusado y perseguido por la vía legal a la antigua líder sindical, haya decidido intervenir una vez más en el SNTE y apoyar decididamente a Juan Díaz como el nuevo líder sindical - un viejo miembro del equipo de Elba Esther. Tampoco ha proseguido con presteza las investigaciones sobre sospechas de colusión que recaían en miembros prominentes de la vieja cúpula sindical que sigue en pie. Parece que lo que se disputa no es una mejor educación, sino la recuperación del control sindical por el viejo PRI. Un control que el Estado perdió paulatinamente en los últimos dos sexenios a cambio de seguir corrompiendo la representación de los trabajadores. Serán dictadores, pero son nuestros dictadores, parece ser la lógica. Un cambio similar ocurrió hace años cuando la salida de Carlos Jonguitud nos dejó en su lugar a Elba Esther Gordillo. Ya conocemos las consecuencias.

Apoyamos enérgicamente la urgencia de una reforma profunda de la educación, de restringir la influencia del sindicato en la conducción de las tareas educativas, de construir una carrera magisterial más justa, más ordenada y más meritocrática, de tener mecanismos menos clientelares y más eficientes de promoción, de contrarrestar los efectos de la mala calidad de la infraestructura escolar, de mejorar la capacitación y la actualización de los maestros y de evitar la movilización corporativa con fines electorales. Sin embargo, a pesar de los objetivos compartidos, vemos tres problemas a lo que hasta ahora aparece como el grueso de la reforma educativa. Problemas que creemos podrían convertirse en la razón de su fracaso.

En primer lugar, creemos que las propuestas donde las evaluaciones de maestros tipo “examen de opción múltiple” son el único pilar de la carrera magisterial son equivocadas y pueden ser contraproducentes. Combatir la venta y compra de plazas y ascensos es una cosa, la estandarización mecánica de la carrera profesional es otra. Las experiencias internacionales nos indican que cuando un exámen de ese tipo se les aplica a los maestros para decidir quién sube y quién sale, suele terminar premiándose la mecanización sobre el conocimiento, la habilidad pedagógica, la creatividad y la responsabilidad comunitaria del maestro. Todas cuestiones fundamentales en proveer buena educación. Esos exámenes estandarizados deben hacerse pero no deben llevar el peso mayor en el avance o salida de un individuo de la carrera magisterial. Estados Unidos está revisando mecanismos similares que tuvieron efectos contraproducentes y los países donde hay una mejor educación pública (Finlandia por ejemplo) confían en mecanismos de evaluación donde los propios maestros califiquen y premien a sus colegas en cuerpos colegiados (autoevaluación). También han ido notando los grandes efectos positivos de elevar el nivel de entrada para nuevos maestros jóvenes. Para la tarea más importante del Estado, se busca a las mejores personas desde el comienzo con exámenes estrictos y después se flexibilizan los criterios de promoción en la subsecuente carrera magisterial. Éste último punto nos lleva a nuestra segunda preocupación.

Las iniciativas de reforma legal que han circulado parecen ignorar por completo algún tipo de reforma a las escuelas normales donde hoy se recluta, forma y actualiza a los maestros del país. El proyecto parece asumir que al abrir el examen de entrada al servicio magisterial de carrera a cualquier persona, las escuelas normales irán perdiendo relevancia. Creemos que esta expectativa es equivocada. La educación en las normales está controlada por los sindicatos y es de mala calidad, pero aunque pierdan la capacidad de reclutamiento y de generar las redes que aseguren la promoción de unos y no de otros, alguien va a tener que formar a los maestros y actualizarlos. Las normales deben reformarse, pues vienen de un pasado donde la prioridad era la expansión de los servicios educativos y la concesión corporativa el método de hacerlo. Idealmente, consideramos valioso explorar la posibilidad de que se revalúe el papel de las universidades públicas en este sentido. Quizá las facultades de pedagogía en las Universidades Autónomas de los estados, o los capítulos locales y nacional de la Universidad Pedagógica Nacional, que deberían tener un papel protagónico en la formación y actualización de los maestros del futuro, sobre todo en las regiones más pobres.

Por último, creemos que enfrentar definitivamente el problema de la educación como botín, debe también enfrentar los problemas que la reforma laboral decidió ignorar. La rendición de cuentas, la transparencia sindical, y la transición hacia un sistema sindical más democrático y menos corporativo es fundamental. Sin eso, el uso electoral de los maestros, la opacidad y la arbitrariedad seguirán siendo prácticas recurrentes del sistema educativo.

Creemos que una discusión inmediata y paralela sobre estos tres asuntos es condición necesaria para llegar a buen fin. Los actores en conflicto tendrán mejores maneras para demostrar que quieren dejar atrás las nociones patrimoniales de la educación pública. También, al entender mejor las consecuencias esperadas en términos de costos y beneficios por región del país, por generación y por posición magisterial, más fácil será salir del pantano y desentrampar lo atorado.

En esta reforma, el gobierno está pidiendo un voto de confianza, pero -tras la captura de Elba Esther Gordillo- no ha hecho lo suficiente para probar que tampoco ve la educación como un botín. Esta es una oportunidad valiosa para que el Estado se reconcilie con los ciudadanos en general. Una oportunidad que, tememos, esté a punto de desaprovechar. Por eso declaramos que aquellos que se nieguen a discutir los detalles del futuro sistema de evaluación y promoción de maestros, a discutir la reforma a las normales y a enfrentar abiertamente el problema de la falta de transparencia y democracia sindical, serán nuestros adversarios políticos.   

Democracia Deliberada

Corriente política

Partido de la Revolución Democrática

2 notas

-decimotercer comunicado-

Hace ya unas semanas en Democracia Deliberada hicimos públicas nuestras objeciones a la Cruzada contra el Hambre. El programa social insignia de la presente administración federal nos parece, en el mejor de los casos, mal diseñado. En el peor de los casos, nos parece una simple reedición de viejas estrategias sociales fallidas. Como dijimos en su momento, no hay transparencia sobre cómo se eligió a la población objetivo; el diseño del programa se presta para que su implementación dependa de criterios políticos; las evaluaciones a varios de los programas incluidos como parte de la cruzada los muestran como poco efectivos; otros ni siquiera han sido evaluados. Además, como señalamos en el comunicado anterior, la cruzada, con todo su marketing, ignora el problema de fondo: esa terca separación entre la política económica y sus efectos sociales. En suma, de acuerdo con su presentación original, nos parecía que la cruzada anteponía los intereses políticos y mediáticos por encima de la efectividad de los programas sociales. Pensamos que se trataba de una estrategia espectacular que se negaba a reconocer el origen de las grandes desigualdades económicas y sociales del país.

Tres meses después, consideramos que la implementación del programa ha ido confirmando su carácter meramente propagandístico, aunque también ha incorporado elementos aún más preocupantes: la participación de entidades privadas en el programa resulta poco clara, potencialmente contraproducente y en algunos casos banaliza el problema que el programa dice combatir.

Hace unos días, la Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles anunció con bombo y platillo un convenio de colaboración con PepsiCo para que la compañía mencionada colabore en el cumplimiento de cuatro objetivos de la Cruzada contra el Hambre: primero, PepsiCo colaborará con el desarrollo de productos alimenticios que contribuyan a combatir la desnutrición. Según la  mencionada funcionaria federal, el convenio permite aprovechar “toda la experiencia, toda la capacidad de investigación científica de PepsiCo para diseñar un producto enriquecido a base de avena que contribuya a solucionar las necesidades nutricionales de los niños y las niñas, las mujeres embarazadas y en lactancia”. Las preguntas son obvias: ¿no había un mejor aliado en materia de investigación nutricional que una empresa en parte responsable de la grave crisis de obesidad en México? ¿No hay en el sector público mexicano alguna institución capaz de desarrollar un producto que permita cumplir los objetivos? ¿Qué gana PepsiCo con esta alianza? ¿Cuántos recursos públicos habrán de transferirse a PepsiCo a cambio de su “capacidad de investigación científica”? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de PepsiCo en este programa y hasta dónde la de la Sedesol?

Otro de los aliados estratégicos anunciados por Rosario Robles es Nestlé. En este caso, la compañía se involucrará por medio de impartición de cursos de nutrición y autoempleo. Es decir, los productores de los chocolates Kit Kat y los cereales Lucky Charms serán los encargados de educar a la población pobre de México sobre cómo tomar las mejores decisiones de consumo desde el punto de vista nutricional. Será una empresa líder en la producción de leche en polvo la que le explique a las madres pobres de México sobre las ventajas de la leche materna. Será una compañía internacional con cientos de miles de empleados alrededor del mundo la que enseñe a las madres pobres de México a crear su propio empleo. ¿Nadie en el equipo de Rosario Robles ha notado el potencial conflicto de interés? ¿El estado mexicano no cuenta con otros mecanismos para proveer información a la población?

Otros componentes de la Cruzada contra el Hambre podrían parecer menos kafkianos que la alianza con Nestlé y PepsiCo y aún así nos parecen cuestionables. Por ejemplo, SEDESOL ha anunciado que en colaboración con Cinépolis llevará funciones de estreno, presumimos que a regiones marginadas del país. Nosotros no tenemos nada en contra de proyectos que permitan que las clases más pobres del país tengan acceso a opciones de entretenimiento, en general exclusivas para las clases medias y acomodadas. Pero hacerlo como parte de una Cruzada contra el Hambre trivializa el grave problema de pobreza extrema. Concursos de fotografía, campañas en Facebook donde por cada “like” se donan litros de leche a la campaña por parte de los patrocinadores, historietas de Pepe el Tenedor, entre otras, no son formas efectivas de sensibilización, si acaso servirán para limpiar la conciencia de quienes, en el gobierno, en el sector privado, y en la sociedad en general quisieran que el problema de la pobreza pudiera resolverse haciendo “clicks” en Internet, comprando kilos de ayuda, o tomando el “redondeo” que tiendas de autoservicios después presumen como donación propia.

El resultado de todos estos anuncios es la teletonización de la política social. En el esquema teletón, el Estado cede sus responsabilidades sociales a empresas privadas cuyos intereses entran en conflicto con los objetivos del programa o que -por lo menos- trivializan esos objetivos en aras de promover sus intereses comerciales y ganar notoriedad mediática. En Democracia Deliberada consideramos que el sector privado ciertamente tiene un rol que jugar en la solución de los problemas del país, pero que este rol debe estar siempre subordinado a los objetivos de los programas para el combate a la pobreza. Si el objetivo de PepsiCo, Nestlé, Cinepolis y otros es ayudar a reducir los inaceptables niveles de pobreza en el país deben hacerlo a través del Estado mexicano, pagando impuestos, respetando las regulaciones, haciéndose responsables de los efectos sociales que el consumo de sus productos puede tener en materia, por ejemplo, de obesidad infantil y diabetes.

Pero aún más importante, en Democracia Deliberada consideramos que la política social es responsabilidad irrenunciable del Estado. Consideramos que más que coordinar esfuerzos de diversos sectores para alcanzar un fin tan importante como terminar con la pobreza extrema, lo que el Estado mexicano está haciendo con estos convenios es renunciar a sus responsabilidades a cambio de forjar alianzas poco transparentes con el sector privado. Estas alianzas nos confirman que a pesar de la retórica gubernamental, detrás de la Cruzada contra el Hambre hay intereses políticos e incluso privados que han convertido al combate a la pobreza en una simple campaña mercadotécnica.

Democracia Deliberada
Corriente política 
Partido de la Revolución Democrática

10 notas

-Carta abierta al PRD-

12vo comunicado

Estimados dirigentes y militantes del Partido de la Revolución Democrática,

Fuimos nosotros quienes los demandamos frente a los tribunales. Los demandamos por mantener cerradas las afiliaciones durante un año y medio. Somos nosotros  a los que se refirió el Presidente del PRD al inicio de la nueva campaña de afiliación en 2013. Somos nosotros en quienes pensaba cuando dijo que “hay que  decir que este proceso de afiliación que hoy reiniciamos se  da  porque  hay una presión también,  la hubo en  semanas previas  de liderazgos de mujeres y de hombres, por cierto una parte muy  importante de  jóvenes, que [lo] exigieron incluso hasta a las autoridades  electorales, [que] llevaron su reclamo [para] que el PRD abriera su afiliación”.

Estimados colegas, ahora que hemos logrado nuestro objetivo quisiéramos explicarles, una vez más, el por qué de nuestra demanda, pero sobre todo, contarles lo que esta experiencia nos ha dado para nuestro futuro como perredistas.

Los demandamos tras nueve meses de querer participar en el partido político que, en la historia reciente, ha aglutinado a las izquierdas. Los demandamos porque nos desesperó la larga espera; porque nos fueron ya insuficientes las justificaciones falsas y las repetidas. Los demandamos porque aunque tenemos una idea de izquierda, una agenda de izquierda y prácticas de izquierda distintas a la suya, también somos de izquierda y queremos una sociedad más justa, más igualitaria, más redistributiva, más abierta y más sustentable. Los demandamos porque, como ustedes, creemos en la vía partidista como herramienta de transformación de las instituciones y las políticas del Estado. Pero también los demandamos porque creemos que aunque ningún ciudadano deba tener la obligación de participar en los partidos, los partidos sí deben ser una opción abierta para todos los ciudadanos (también el Tribunal así lo reflexionó en la sentencia). Los demandamos, en resumidas cuentas, porque queremos participar; porque no sólo ustedes sino cualquiera debe poder hacerlo; porque la izquierda es de todos; porque a la izquierda no sólo le sirve reclutar “personalidades relevantes”, porque a la izquierda le sirve ya no apostar por el modelo de partido cerrado o por la participación colectiva y vertical.

Les anunciamos formalmente que, finalmente, nuestros miembros se han afiliado al PRD,

A pesar de la espera, a pesar del hermetismo del partido, no nos desanimamos y llegamos a participar como siempre, como nunca. Así como nos lo habíamos prometido. Nuestros simpatizantes no necesariamente tienen que hacerlo, así lo decidimos y así lo seguiremos haciendo. La afiliación para nosotros fue una batalla dura, una que se fue convirtiendo en una suerte de marca de nacimiento. Batalla que nos ha ido definiendo y preparando durante este tiempo para lo que está por venir. Los últimos meses fueron una cuesta arriba. Una tarea sencilla (afiliarse al PRD) se convirtió en una tarea de litigio estratégico muy pesada. Una prueba de fuego que marcó nuestras maneras de organizarnos y nuestras maneras de actuar.

Ahora que somos perredistas, se las queremos compartir. Desde el origen nos formamos en una minoría que creyó que ser ciudadanos y ser activistas no estaba necesariamente peleado con ser partidistas. Sin embargo, las maneras de organizarnos siempre fue distinta a las formas organizativas tradicionales del PRD. Nuestras formas de reclutamiento siempre han sido abiertas, libres, voluntarias, gratuitas e individuales. Nuestro comienzo estuvo marcado por nuestra participación en organizaciones y movimientos de la sociedad civil organizada, de instituciones académicas, de los medios y de las redes sociales Quizá por eso estamos acostumbrados a decir, a opinar, a polemizar pero también a responsabilizarnos de nuestras palabras de forma individual o colectiva, según sea el caso. Somos un grupo político acostumbrado a las muchas voces y a la construcción de posiciones comunes de manera colectiva y muy deliberada. Por eso somos un grupo de izquierda que cree en la utilidad del debate público como método y también en la utilidad social y política de tener auténticas “corrientes de opinión” como resultado.

Aunque muchos de nuestros miembros y simpatizantes tienen inclinaciones académicas, también distinguimos claramente entre el análisis y la posición política. Ambas están conectadas por vasos comunicantes, pero mientras lo primero trabaja con hipótesis y datos para responder preguntas, la segunda pone esas respuestas en el contexto, busca ya no responder sino comunicar las batallas relevantes en las prioridades correctas y cuya preocupación principal sean los efectos.

También somos una de esas organizaciones donde los miembros saben que el prestigio es un capital que se arriesga de forma individual, pero que hacerlo de forma coordinada por las causas adecuadas y oportunas suele ser más efectivo. Quizá por eso y por cómo funcionan las redes sociales descentradas de las que venimos (físicas o virtuales) sabemos muy bien que NO siempre es cierto que el colectivo es más que la suma de sus partes. Para nosotros queda muy claro que muchas veces el colectivo se describe mejor NO como el depositario de todos los planes y aspiraciones, sino como el mínimo común denominador de la fuerza, las ideas y las voluntades puestas por cada una de sus partes (el auténtico motor). Por eso creemos que nuestro mínimo común denominador (por pequeño y limitado que sea) debe siempre ser tan pensado y discutido como se pueda, para mayor efecto de la iniciativa y mayor compromiso con nuestro esfuerzo común.   

Eso hemos sido hasta ahora y ahora somos uno más con ustedes. Hoy, como ustedes, queremos un mejor PRD. Uno que delibere mejor, uno que se organice mejor, uno que recupere la confianza de la ciudadanía, uno que ofrezca a los ciudadanos un proyecto sólido y diferenciado de los otros, uno que gane más elecciones más seguido y uno que esté mejor preparado para gobernar.

Por otro lado, hemos declarado con anterioridad que entramos al PRD con actitud de invasión. Es cierto, creemos que muchos que nos reconocemos de izquierda no nos sentimos del todo representados por los partidos de izquierda. Y sí, la invasión a la que nos referimos es un deseo, un sueño, el de que más de esas personas (no sólo nosotros) que se sienten poco representadas decidan combatir la distancia entre partidos y sociedad no renegando del PRD sino participando en él. Haciéndolo suyo. Sin embargo, también usamos la palabra “invasión” en otro sentido. En el sentido de hacer referencia a una invasión de argumentos sobre las cosas públicas, una invasión de hábitos de organización, de deliberación, de reclutamiento y de comunicación. Nuestra invasión quiere contribuir transformando al partido al ofrecerle maneras alternativas de entender la izquierda y de convertirla en organización, en idea, en posición, en candidaturas, en estrategias electorales y en actos de gobierno. A eso aspiramos, a eso venimos. Esa es la tarea que nos damos..

El haber nacido con la batalla por la libre afiliación no nos ha desilusionado, pero también es un logro que defenderemos para nosotros y para otros. Sin embargo, no sólo vemos la participación como un deber de los partidos, también la vemos como una deuda que los ciudadanos hemos tenido históricamente con los partidos. Tenemos una sociedad cada vez más fuerte y partidos cerrados que se han debilitado en términos relativos. Una combinación poco saludable para la democracia. Apostar por el abandono de los partidos también es debilitar a la democracia y hacerle un favor a los grupos pequeños que gobiernan. Tenemos la deuda de no olvidar a los partidos, de hacerlos nuestros. La militancia partidista y crítica es una deuda con los objetivos que nos hemos dado a nosotros mismos.

A pesar de las diferencias específicas con el PRD (expresados en varios de nuestros comunicados anteriores) como la estrategia frente al Pacto por México, por ejemplo, también reconocemos y celebramos el comportamiento que el PRD ha tenido recientemente en la discusión legislativa. Consideramos que la manera de discutir abierta y frontalmente la reforma laboral a fines del 2012 fue un esfuerzo muy bien hecho y bien coordinado que discutió lo importante, ofreció ideas, diagnósticos y propuestas y que fue bien comunicada. Creemos que lo mismo ha comenzado a ocurrir con lo referente a la reforma de PEMEX y la reforma energética en general. En estos dos casos hemos estado orgullosos de nuestro partido.

Por todo esto, hoy, los miembros de Democracia Deliberada declaramos frente a ustedes: portamos nuestras credenciales con orgullo y con satisfacción. Cumplimos nuestros planes, cumplimos con lo dicho, así queremos seguir. Estimados colegas de partido, en Democracia Deliberada hoy les decimos: somos perredistas, batallar es nuestro sino, militar es nuestra deuda y deliberar nuestra identidad. Así ha sido y así será.

Saludos para todos.

Por un PRD deliberadamente democrático,

Democracia Deliberada
Corriente política
Partido de la Revolución Democrática

-onceavo comunicado-

El pasado 21 de enero el Gobierno Federal anunció la implementación de una estrategia de combate al hambre denominada Cruzada Nacional Contra el Hambre. El objetivo, se dice, es coordinar esfuerzos intersectoriales para asegurar que todos los mexicanos puedan satisfacer sus necesidades básicas de alimentación. Si bien garantizar el derecho a la alimentación es una obligación irrenunciable del Estado, en Democracia Deliberada consideramos que la Cruzada contra el Hambre tiene al menos cuatro grandes defectos de origen que limitarán su efectividad y que pueden hacer de ésta una estrategia fallida —como otras estrategias federales en sexenios anteriores.

Primero, consideramos que no se realizó una correcta cuantificación del problema que se desea atender y, por tanto, no se definió cuáles son los alcances de esta estrategia. En principio, la Cruzada tiene como población objetivo a aquellas personas que viven en condiciones de pobreza extrema y que al mismo tiempo tienen carencias de acceso a la alimentación. Para atender a esta población, se indicó que inicialmente la Cruzada se implementará en 400 municipios en donde el problema de la pobreza extrema es de acuciante gravedad. Sin embargo, hasta hoy no es transparente la forma en que se delimitó el número de municipios. De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el 18.8 por ciento de la población de México se encuentra en situación de pobreza alimentaria y 10.4 por ciento se clasificó en situación de pobreza extrema. Por tanto, debe vigilarse que haya transparencia en la forma en que se escogieron a los municipios para llegar a la cifra de 7.4 millones de personas que se buscará atender. En Democracia Deliberada consideramos que la transparencia debe ser un elemento central en todas las acciones del gobierno, en todo nivel, por lo que nos sumamos a quienes exigen una mayor claridad en la forma en se elegirán a los municipios de la Cruzada.

El segundo punto de discrepancia que tenemos es que, de acuerdo a los presupuestos asignados a los programas de la Cruzada, los esfuerzos se concentrarán en dos grandes conjuntos de la población más pobre, lo cual puede excluir en la práctica a muchas de las familias en condiciones de alta vulnerabilidad. Los programas más importantes enlistados en el decreto que establece el SINHAMBRE, que representan el 66 por ciento del presupuesto de los programas de la estrategia[1],o bien se enfocan al ámbito rural y de la producción agrícola, o tienen como objetivo transferir recursos para incrementar el ingreso de las familias y acercarlas a servicios básicos, como el Seguro Popular y Oportunidades. Sin embargo, podría estarse pasando por alto la complejidad de la pobreza extrema en que viven las familias con carencias alimentarias, que no es exclusivamente rural o que en muchos casos no tienen acceso a los servicios en sus comunidades.

En 2010, de acuerdo a CONEVAL, alrededor de 6 por ciento de la población en zonas urbanas se encontraba en situación de pobreza extrema. Por tanto, consideramos necesario tener en cuenta que las carencias alimentarias en las zonas urbanas pueden ser subsanadas con mejoras en el ingreso. En el contexto rural, cuando nos referimos a las zonas más castigadas por la pobreza y el hambre, la respuesta no es tan obvia. La falta de mercados, la severidad de las condiciones naturales y el aislamiento poblacional imponen severas restricciones para el funcionamiento de las políticas públicas. Errores en el diseño, como no tomar en cuenta estas diferencias entre los ámbitos urbano y rural, ya han causado que otras estrategias de política social fracasaran, mientras que la pobreza y el hambre siguen ahí, persistentemente flagelando a una parte importante de la población mexicana.

Los discursos de los funcionarios han enfatizado el carácter no asistencialista de la Cruzada, como una forma de desmarcarse de las sospechas que pudieran surgir sobre el uso de la misma con fines políticos. Es cierto, para dar una solución sostenible al problema del hambre se requiere mejorar las capacidades productivas de las familias más pobres para que sean capaces de salir de la condición de pobreza en que se encuentran. Sin embargo, miles de familias no tienen siquiera un piso mínimo de activos productivos sobre el cual las políticas públicas de la Cruzada puedan tener efecto. Para millones de familias las medidas asistencialistas son la única salida a la situación de pobreza en que viven. El problema es que aquéllos que hoy pretenden oponerse a este tipo de medidas son los mismos que han lucrado con la pobreza para obtener apoyos políticos a cambio de sus dádivas.

Tercero, consideramos que es importante señalar que, de acuerdo al decreto que formaliza el SINHAMBRE, se dota a una Comisión Intersecretarial encargada de dirigir el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (SINHAMBRE) de total discrecionalidad en la selección de los próximos municipios a entrar en el programa así como de capacidad de rediseñar las reglas de operación de los programas que han de operar dentro de la cruzada. Esto es poner nuevamente a los presupuestos más cuantiosos del gobierno en manos de funcionarios que pueden decidir qué hacer, con cuánto dinero y en qué tiempos. Consideramos sacar ventaja de la miseria de la gente para conseguir apoyos políticos es uno de los más arraigados vicios que debemos erradicar, en todos los niveles de gobierno. No basta con condenar esta práctica, en Democracia Deliberada urgimos a crear mecanismos externos a los gobiernos para vigilar el uso de recursos públicos, y para señalar y sancionar a quienes incurran en estas prácticas.

Otro punto que es necesario cuestionar está relacionado a la selección de programas que se incluyen dentro de la Cruzada. Pareciera que en aras de cumplir el compromiso de lanzar la Cruzada contra el Hambre en los primeros 60 días del nuevo gobierno, no se realizó una revisión profunda de los programas que se proponen para funcionar en el marco de la cruzada. De hecho, de entre los programas incluidos en la cruzada, algunos, como el PROCAMPO, han sido catalogados como regresivos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. En cambio, otros programas fueron incluidos aunque, de acuerdo a las evaluaciones del mismo CONEVAL no se ha podido documentar con evidencia convincente su efecto positivo. No es claro que programas que consistentemente han fallado en alcanzar sus objetivos puedan funcionar dentro del marco de la cruzada, ni por qué no se consideró rediseñar estos programas o implementar otros nuevos y mejores.

Finalmente, en Democracia Deliberada asumimos una posición crítica respecto a la Cruzada contra el Hambre pues no ataca problemas de fondo sino que, enmarcado en un discurso atractivo, se limita a tratar de resolver los síntomas sin ir a las causas fundamentales. En el marco del Pacto por México, todo crítico al discurso de unidad es señalado casi como un traidor. La Cruzada contra el Hambre no será la excepción. ¿Quién podría estar en contra de asegurar que aquellos que no tienen qué comer encuentren tengan una forma digna de acceder a los alimentos? Sin embargo, poco o nada puede resultar de la cruzada contra el hambre si se mantiene la separación tajante entre la política económica y sus consecuencias sociales. De poca utilidad serán los esfuerzos en el contexto de una economía que gasta millones de pesos cada año en subsidios a los grandes productores agrícolas, a las gasolinas y a la electricidad. De poco puede servir que los más pobres reciban justo lo necesario para quedar por encima de la línea oficial que define la pobreza si se encontrarán en una situación igualmente vulnerable, de trabajo precario, sin acceso a la seguridad social y en riesgo inminente de ser de nuevo pobre a causa de alguna eventualidad.

En Democracia Deliberada creemos que es importante replantear lo que hoy se conoce como “política social”. Después de más de una década de programas focalizados dirigidos a los más pobres, no hay evidencia clara de que hayan sido efectivos en reducir de manera fundamental la pobreza y la desigualdad. Por esa razón creemos que urge considerar los programas de servicios y transferencias universales, que reduzcan la captura política de los más pobres, sean más fáciles de administrar y rompan con ciclos de pobreza de los cuáles hoy es casi imposible de salir. Quienes antepongan los intereses políticos y mediáticos por encima de medidas que distribuyan el presupuesto en beneficio de los grupos más necesitados, y quienes optan por estrategias espectaculares pero que se niegan a reconocer los grandes problemas que originan las desigualdades económicas y sociales y la carencia de oportunidades para los que menos tienen, serán nuestros adversarios políticos.

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[1] Se llegó a esta cifra con los datos que obtuvimos sobre el monto asignado a cada programa para el presente ejercicio, aunque no todos los recursos de cada programa estarán exclusivamente dedicados al SINHAMBRE.

1 nota

-Décimo comunicado-

El Pacto por México es la expresión escrita de las reformas que diversos actores políticos y miembros de la sociedad civil creen que son necesarias para el país. El Pacto contiene buenas ideas y algunas buenas intenciones. Sin embargo, las intenciones no justifican de forma suficiente la firma tripartidista de un documento tan ambicioso, tan amplio y, en ocasiones, tan impreciso; sobre todo, sin que la oposición reciba nada a cambio y sin que se construya una coalición de mutua conveniencia. No celebramos la idea de exaltar consensos frágiles, ni celebramos que la aparente unidad de los tres partidos se considere virtud de nuestra democracia. Consideramos que el Presidente Enrique Peña se equivoca cuando considera que la unidad es la base para construir acuerdos. En Democracia Deliberada creemos que es exactamente al revés. Los acuerdos son la base para construir la unidad. Y para eso, antes de firmar, hay que deliberar.

En Democracia Deliberada consideramos que la precisión del Pacto no consiste en hacer largos listados de cosas deseables, un calendario para completar buenas ideas, hacer referencia a las leyes correspondientes u ofrecer un discurso conciliador. En cambio, consideramos que las claves de los pactos sostenibles se montan no sólo sobre reformas legislativas, sino sobre acciones concretas, políticas públicas bien diseñadas, estrategias de implementación adecuadas y -sobre todo- en un sustento de tipo fiscal de las mismas. El Pacto por México implica un transformación radical del Estado, por lo que es en los detalles presupuestales de corto y mediano plazo en donde se hallan los mejores indicios de la factibilidad del mismo. Este Pacto no presenta estas precisiones debido en buena medida a que para concretarse requiere de una reforma fiscal que los tres partidos firmantes temen, pero deben, discutir. En cambio, el Pacto de la Moncloa, con el que se ha tratado de comparar al Pacto por México, se distinguió por haber tenido como corazón un nuevo pacto fiscal. De ahí que -entre otros motivos- no es posible inferir que el Pacto por México vaya a sostenerse de la misma forma.

Desde la perspectiva de las izquierdas, entendemos que si el PRD hubiese optado por no firmar el Pacto, corría el riesgo de ser expuesto injustamente como un opositor polarizante y paralizante; pero al firmar y festejar el supuesto consenso ahora corre el riesgo de ser criticado justamente por representar a un aliado y no a una alternativa distinta al resto de las fuerzas políticas. Votar a favor de una ley con otro actor político no significa ser su aliado, pero renunciar a discrepar sí lo es. Acordar una o dos reformas de manera conjunta es un buen hábito político, pero comprometerse a noventa y cinco de ellas y no recibir nada a cambio es arriesgarse a dejar de ser oposición sin tampoco ser gobierno. Un pacto de este tamaño suele requerir un pacto adicional de coalición, uno que no existió. Por eso preguntamos, ¿de veras el PRD está de acuerdo con la Gendarmería Nacional o con un Código Penal Único que probablemente excluiría la despenalización del aborto en el texto final?

La deliberación pública sobre el contenido de las agendas legislativas de los partidos permite a los ciudadanos identificar las prioridades y preferencias de sus representantes. Pero, por su naturaleza consensual (que tanto se festeja) y por la amplitud de temas que trata, la firma del Pacto es un ejercicio totalizante que descalifica implícitamente el debate, la diferencia y la deliberación característicos (y necesarios) de un sistema democrático. Desdibuja a la oposición y deja al electorado huérfano de posiciones que discutir y opciones políticas que premiar y castigar. La deliberación pública sobre el contenido de las agendas legislativas de los partidos permite a los ciudadanos identificar las prioridades y preferencias de sus representantes. El pacto puede convertirse en un mecanismo de bullying político, peligroso en una situación donde los supuestos aliados no conocen los detalles de las políticas públicas que el partido gobernante tendrá mano en diseñar, presentar y cabildear de manera arrolladora.

El disenso, la deliberación y el debate son ingredientes fundamentales en un sistema democrático y en Democracia Deliberada siempre los celebraremos entusiastas. Justamente por eso no celebramos ahora. Celebraremos cuando las izquierdas manifiesten pública y argumentadamente su posición sobre los particulares legales y de política pública bosquejados en el pacto, así como los detalles de su implementación (en términos de financiamiento y operación). Celebraremos cuando la izquierda fomente la discusión y la confrontación de ideas concretas; cuando no tenga miedo a disentir con argumentos deliberados. Mientras que para la mayoría de las fuerzas políticas las razones de la alegría se cifran en nociones como el consenso o la “unidad nacional”, nosotros entendemos que la esperanza democrática reside en pensar los detalles, discutirlos de manera adversarial, para luego llevarlos a buen fin. A pesar de que varios miembros de nuestra corriente tienen vocaciones técnicas y académicas, jamás desearíamos que la técnica guíe a la política, más bien queremos que la política construya un contexto donde se premien las ideas y se discutan los detalles.

Por todo lo anterior creemos que aquellos que privilegian la aparente necesidad de consensos superficiales sobre la necesidad de mantener una oposición clara, diferenciada, elocuente y argumentada no comparten nuestra noción de democracia deliberativa. Por eso declaramos que quienes pretendan utilizar al “Pacto por México” como un instrumento para debilitar a la oposición o para evitar la deliberación, serán nuestros adversarios políticos.


Democracia Deliberada
Corriente política

6 notas

Aquí se puede descargar el PDF del juicio de protección de derechos que integrantes de Democracia Deliberada metimos en contra de la Comisión de Afiliación del PRD por negarse a afiliarnos. 

1 nota

-Noveno Comunicado-

Hace unas semanas el Presidente Calderón envió a la Cámara de Diputados una propuesta de reforma laboral mediante el mecanismo de iniciativa preferente. La propuesta del Presidente tenía dos componentes fundamentales: mayor flexibilización del mercado laboral (contratos por hora, contratos a prueba, subcontratación, etc.) y cambios en los mecanismos de representación sindical que podrían mejorar la democracia, la transparencia y la rendición de cuentas de la mayor parte de los sindicatos del país (la propuesta se refiere únicamente a los trabajadores del apartado A del artículo 123). Como es sabido, la propuesta de reforma laboral del Presidente fue aprobada por los Diputados pero sin incluir los elementos relativos a la vida sindical. En contraste, todas las modificaciones relativas a la flexibilización del mercado laboral —que representaban básicamente la agenda y las propuestas de las cúpulas empresariales— fueron aprobadas en la Cámara con los votos del PRI, el PAN, el PVEM y el PANAL.

Ahora, la propuesta está a discusión en la Cámara de Senadores en donde se especula que podría haber una alianza entre el PAN y las izquierdas para reintegrar a la reforma la parte relativa a la democracia y transparencia sindicales. El PRI, como era de esperarse, se opone a realizar cambios que afecten al viejo sistema corporativo priista y amenaza con bloquear toda la reforma si es que llegase a ocurrir lo anterior. Mientras tanto, las cúpulas empresariales, desesperadas por la posibilidad de perder lo ganado con la reforma aprobada por los Diputados, hacen llamados urgentes y publican desplegados apremiando a los Senadores del PAN a aprobar la reforma “sin modificaciones”.

Dado el contexto y la situación actual de esta polémica, los miembros de Democracia Deliberada manifestamos nuestra posición:

La propuesta de Reforma Laboral parte de un par de premisas equivocadas, pues considera, primero, que el mercado laboral mexicano es demasiado rígido y, segundo, que las condiciones de impartición de justicia laboral son muy favorables para los trabajadores. Estos factores perjudicarían a las empresas, principalmente a las pequeñas y medianas, desalentando así la creación de empleos formales. Sin embargo, ninguna de estas dos premisas es cierta ya que la evidencia empírica tanto en creación y destrucción de empleo, como en los resultados de los mecanismos de impartición de justicia laboral, sugieren lo contrario. Estas premisas equivocadas, sin embargo, han servido para justificar algunas de las propuestas de la reforma y han dado lugar a una considerable sobre-estimación de los beneficios de la misma en materia de creación de empleos formales. Esto, por supuesto, también ha servido para “vender” mejor la reforma ya que con ello se promete la creación de más oportunidades de empleo, sobre todo para la gente joven y para las mujeres.  

En cambio, nosotros consideramos que la Reforma Laboral, tal y como fue aprobada por los Diputados, está muy lejos de ser una verdadera reforma de fondo en las condiciones que norman las relaciones entre trabajadores y empresas en el ámbito laboral. Lo anterior se debe a que esta reforma no modifica los instrumentos históricos del corporativismo representado por las cúpulas del PRI, las organizaciones obreras y los organismos patronales, ya que sigue permitiendo la existencia de sindicatos blancos y de contratos de protección; no cambia los mecanismos de impartición de justicia laboral, y no establece mecanismos apropiados de protección social para los trabajadores (como el seguro de desempleo, por ejemplo).

Más aún, dentro de lo ya aprobado, la Reforma Laboral amplía las posibilidades de subcontratación y de los llamados servicios de “puesta a disposición de los trabajadores”, lo cual pretende regularizar una serie de prácticas que hoy se dan al margen de la ley y que han servido únicamente para beneficiar a las empresas a costa de la calidad de las condiciones laborales. De aprobarse estas modificaciones, se estaría regularizando una serie de prácticas que hoy en día son ilegales y que en el futuro podrían perjudicar a amplios segmentos de los trabajadores al facilitar su desvinculación de las empresas en las que actualmente laboran, con lo que sus ingresos y condiciones de trabajo podrían verse severamente afectados.

En Democracia Deliberada creemos que una auténtica reforma laboral debe contener, al menos, los siguientes elementos:

1) Mayor transparencia y democracia sindical.

2) Mecanismos ampliados de protección social para los trabajadores, incluyendo la creación de un seguro de desempleo.

3) Nuevos mecanismos de impartición de justicia laboral (juzgados laborales), que formen parte del Poder Judicial y no de Juntas de Conciliación y Arbitraje como ha funcionado hasta ahora.

4) Eliminación del concepto de “Toma de nota” y de la “cláusula de exclusión”, que permiten la existencia de sindicatos blancos y de opresión a la disidencia sindical.

5) Garantía de voto libre y secreto antes de la asignación del contrato colectivo.

6) Una mejor regulación de la subcontratación, que limite el uso de ésta a actividades no sustantivas de las empresas.

7) Una mejor regulación de los servicios de “puesta a disposición de los trabajadores” que evite la simulación y el establecimiento de relaciones laborales semi-permanentes en actividades que, por su propia naturaleza, deberían de ser temporales o esporádicas.

En Democracia Deliberada pensamos que ha sido un error proponer una Reforma Laboral parcial, sesgada, divisiva e incompleta que, por lo demás, tendrá efectos negativos sobre las condiciones laborales y los ingresos de los trabajadores, sobre todo como resultado de la legalización de prácticas de subcontratación que van más allá de lo establecido en los estándares internacionales. Consideramos que la única ventaja real que podría resultar de esta propuesta de reforma reside en la posibilidad de mejorar las condiciones de transparencia, democracia y rendición de cuentas de los sindicatos blancos que actualmente operan en la mayor parte de las empresas privadas y, eventualmente, en las de los sindicatos públicos. Por ello, una reforma que no incluya al menos estos elementos no debería ser aprobada por no contener elementos que representen un beneficio para los trabajadores, pero que si podría ser lesiva para algunos de ellos. Así, ante la posibilidad de que pueda ser aprobada una reforma que estaría legalizando prácticas de subcontratación con carácter abusivo y por debajo de los estándares internacionales de protección laboral, es posible, por sorprendente que parezca, que el statu quo sea preferible a la reforma que actualmente ha sido aprobada en la Cámara de Diputados.

Por estas razones, quienes intenten aprobar una reforma laboral que perjudique los intereses de los trabajadores mexicanos, quienes promuevan una mayor flexibilización del mercado laboral sin promover una mejora de los mecanismos de protección social, así como quienes pretendan mantener las condiciones de opacidad y antidemocracia al interior de los sindicatos, serán nuestros adversarios políticos.

Democracia Deliberada
Corriente política

3 notas

-Octavo comunicado-

El excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador ha anunciado su separación de los partidos políticos de izquierda y ha lanzado una convocatoria al Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) para evaluar la posibilidad de formar un nuevo partido político o continuar siendo una asociación civil. Al tiempo que las asambleas distritales del movimiento se llevan a cabo, distintas voces han planteado su postura. Hay quienes lamentan esta decisión porque piensan que esta separación dividirá a la izquierda, pero también hay quienes consideran que esta decisión es saludable y que representa una buena oportunidad para replantear el futuro de las izquierdas (desde una u otra trinchera). Nosotros coincidimos, en lo general, con esta última posición; pero también sabemos que eso no es suficiente. Creemos que izquierda separada no es sinónimo de izquierda reformada.

Por un lado, MORENA presenta un diagnóstico de la realidad nacional que, en sus aspectos fundamentales, compartimos. En específico, compartimos la crítica que se hace a la forma en que hoy funcionan los partidos políticos existentes. Sin embargo, por otro lado, creemos que los esfuerzos de MORENA estarán concentrados en la construcción de una identidad y organización diferenciada dentro de las izquierdas, lo cual da poco espacio para la deliberación de asuntos políticos y de políticas públicas que se tratan cotidianamente en distintos espacios de toma de decisión. El proceso de construcción de una institución hace más difícil conciliar las diferencias propias de la pluralidad: las pequeñas diferencias pueden tener consecuencias desproporcionadas sobre la organización. Por estas razones, creemos que -bajo las circunstancias presentes- MORENA no es un espacio que tenga las condiciones de pluralidad que requieren los objetivos y las formas que ejercitamos en Democracia Deliberada.

No obstante, a pesar de estar plenamente conscientes de que tenemos diferencias de políticas públicas con MORENA, de hecho no muy diferentes a las que tenemos con el PRD, también sostenemos que MORENA es un movimiento del que reconocemos algunas cosas valiosas que no hemos visto en otras partes de la izquierda: por ejemplo, su combatividad, su vocación polémica y su disposición a sacar las discusiones de los salones cerrados y llevarlas a las plazas públicas. Nos gusta esa forma de hacer política. Quizá por eso no nos sorprende del todo su separación del PRD. De hecho, compartimos varias de las preocupaciones de algunos miembros de las izquierdas que ahora se separan de su viejo partido. En este sentido, a pesar de nuestras diferencias, nuestra posición puede quedar ilustrada con la siguiente analogía: en este momento preferimos ser lopezobradoristas estratégicos en el PRD antes que perredistas programáticos en MORENA.

Reconocemos también que el PRD, institución por la que hemos decidido optar, necesita recuperar su prestigio político y social como un espacio plural que reconoce y da cabida a la amplia diversidad que hay en las izquierdas. Esto no se puede hacer mediante llamados a excluir algunos grupos, o a acudir a una defensa de la moderación que no aclara cómo ayuda eso a promover políticas públicas más igualitarias, que combatan los privilegios, que protejan al débil, que combatan la concentración del poder, o la regresividad del gasto público. Para reformarse, el PRD necesita hacer cambios fundamentales en la forma en que el partido opera cotidianamente así como aclarar sus posiciones políticas y de políticas públicas.

Consideramos que el principal error del PRD y sus dirigentes ha sido el fortalecimiento de procedimientos opacos, cupulares y poco democráticos. Las “corrientes” se han enquistado a tal punto que han convertido al partido en un sistema cerrado de defensa de liderazgos, privilegios y cuotas, uno que no vota cargos ni candidaturas sino que las negocia. Un partido que no se toma el tiempo de pensar y discutir sus posturas políticas por estar entrampado en rencillas palaciegas. Esto también ha implicado su aislamiento de la sociedad y de un electorado que se siente y que podría sentirse mejor representado por las izquierdas —aislado incluso al grado de obstruir legal y políticamente la incorporación de la ciudadanía al propio partido. El PRD es, hoy, un club cerrado con liderazgos fijos. Dieciocho meses de suspensión de afiliaciones son prueba suficiente de la crisis que enfrenta el PRD y de su distancia de la sociedad que supuestamente aspira a representar: ¿cómo se puede justificar así, desde una perspectiva de izquierda, el financiamiento público que recibe el partido?

Por eso, a pesar de que las izquierdas son la segunda fuerza política del país, no debe sorprender que su legitimidad social esté siendo cuestionada desde dentro y desde fuera. Por tanto, creemos que lavarse la cara no va a ser suficiente. Se requiere una cirugía mayor. Deslindarse de las figuras incómodas – de uno u otro lado- tampoco lo será.  Para el PRD separarse de MORENA no es sinónimo de “democratización”, igual que para MORENA separarse del PRD no es sinónimo de “pluralidad”.  De hecho nos negamos a ver a esta separación como el divorcio entre una izquierda moderna y una trasnochada, de una izquierda buena y una izquierda mala. Más bien la interpretamos como la separación entre un partido cerrado y de cuotas y un movimiento popular que no logra tomar una forma institucional mínima.

Ante la nuevas circunstancias, con una izquierda aún más atomizada y más plural, el PRD debe responder varias preguntas fundamentales: cuál será su rumbo, cuáles sus métodos, qué naturaleza tendrán sus relaciones con otros partidos, organizaciones, gobiernos y entes privados, cuáles sus acciones a corto, mediano y largo plazo para mantenerse como una opción de izquierda competitiva electoralmente. Esperamos que este proceso de reestructuración contribuya a uno de los objetivos que en Democracia Deliberada hemos señalado como indispensable: contar con una izquierda partidista abierta “que construye y sostiene de manera pública posiciones políticas claras y concretas [y que] tome decisiones cuyas consecuencias estén tan claras como sea posible, que las conozcan los ciudadanos y que se lleven a buen fin mediante la acción, supervisión y arbitraje de un Estado fuerte y democrático”.

Democracia Deliberada se pronuncia a favor de una reforma institucional dentro del PRD que devuelva la confianza en la vía partidista. Que abra al PRD a la sociedad, que elimine los dedazos y cuotas de grupo y permita la elección libre y abierta de cargos y candidaturas. Una izquierda partidista que ya no genere grupos de ovación, sino auténticas corrientes de opinión. Una izquierda abierta a las personas que tocan la puerta del partido y tienen ideas y energías para tratar de cambiar las cosas, para tratar de hacerlo mejor que los que ya están arriba.

Pero no nos engañamos. Sabemos a lo que vamos. Por eso los miembros de Democracia Deliberada reafirmamos que si queremos participar en el PRD es porque queremos exigirle más. Debemos zanjar el abismo de su déficit democrático y así combatir el desencanto por la participación política que sólo beneficia a quienes hoy están en el poder. Queremos un PRD deliberadamente democrático.

Por eso declaramos que aquellos que quieran acabar con la pluralidad de las izquierdas, privilegiar consensos forzados sobre la deliberación, buscar la aclamación automática antes que la discusión abierta, o mantener a las izquierdas cerradas a la ciudadanía, serán nuestros adversarios políticos.


Democracia Deliberada

corriente política

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