Democracia Deliberada

-Cuarto comunicado-

Se han dibujado dos posiciones, en las vísperas de la jornada electoral, sobre la posibilidad de que ocurra un fraude. Por un lado, hay quienes expresan temor por la posibilidad de que se esté “cocinando” un fraude masivo de forma coordinada centralmente. Por otro lado, hay quienes argumentan que aquellos que claman que se prepara un fraude sin ofrecer pruebas concluyentes se comportan de manera antidemocrática y, en consecuencia, dicen, vulneran las instituciones y son un riesgo para la continuidad de la democracia. No compartimos ninguna de estas dos posiciones y creemos que la importancia que se les ha dado responde a la propia disputa electoral y ninguna reflexiona sobre los problemas que, en los hechos, afectan la calidad de nuestras elecciones. Creer que se debe tomar postura del lado de alguno de estos actos discursivos oscurece negativamente la posibilidad de enfocarnos en los problemas existentes.

Entendemos que nuestra democracia es joven y hay inercias que llevan a la población y a los actores políticos a temer la posibilidad de un fraude, así también hay inercias que llevan a temer la posibilidad de una ruptura en la democracia institucional. Sin embargo, creemos que las advertencias han cruzado el borde de la exageración. En este momento particular, con las leyes y las instituciones que tenemos y con los antecedentes políticos que hemos ido acumulando, creemos que no hay razones suficientes para temer ninguno de los eventos sugeridos anteriormente. Las autoridades electorales han hecho bien su trabajo, y han construido las condiciones en las que un fraude masivo y coordinado centralmente sea altamente improbable. No es un asunto de fe ciega en el IFE, es una confianza producto de la buena organización y de los mecanismos legítimos de impugnación. Por el otro lado, tampoco vemos ni la voluntad, ni la posibilidad de que la hipotética rebeldía de algún candidato frente a los resultados electorales vaya a producir un quiebre institucional. Las preocupaciones de tipo “preventivo” sobre posibles fraudes ocurrieron en la elección del año 2000 y de 2006, y nuestra democracia sobrevivió perfectamente sin importar los sobresaltos. Pensar que hoy no deberían existir preocupaciones similares es pensar que nuestra democracia funciona de manera perfecta.

Decir que se cocina un fraude presentando pruebas flacas o inconclusas puede manchar injustificadamente el prestigio del árbitro electoral por razones de interés de partido, pero no es necesariamente anti democrático ni tampoco anti-institucional. Tampoco hay que pasar por alto que estar atento ante la posibilidad de un fraude, por más mínimo que sea, también es un comportamiento natural en la democracia y los árbitros deben (y están) preparados para resistir las presiones y los cuestionamientos, ese es parte de su trabajo. El sistema entero depende de que, además de la imparcialidad y fortaleza del árbitro, los partidos sean vigilantes puntillosos de sus propios intereses, recopilen pruebas, impugnen y los presenten en los tribunales. El fortalecimiento de la democracia institucional pasa también por la desconfianza y la impugnación. Los partidos harán eso y harán bien en hacerlo, por el bien de la democracia.

Lo anti democrático y anti institucional sería que pasada la elección los perdedores se negaran a acatar las órdenes de la autoridad y actuaran en consecuencia. Podría ocurrir que el perdedor se moleste y se mantenga molesto por razones políticas, pero sin hacer nada más al respecto. Preocuparse paranoicamente por un fraude no es deseable pero es, sin duda, un caso común y esperable en todas las democracias, no sólo en la mexicana. Sí habría razones para juzgar los comportamientos como sediciosos en caso de que el perdedor hiciera un llamado y se organizara con el fin de derrocar al legítimo ganador. Sin embargo, es imposible afirmar que esto sucederá de antemano.Más aún, nos tranquiliza considerar que eso nunca ha ocurrido en el caso mexicano desde la alborada democrática de finales del siglo XX. No compartimos, por tanto, la percepción de algún sector de la población, en particular de algunos comunicadores, que predice, casi con certeza, que un conflicto postelectoral sucederá la noche del 1 de julio.

Así pues, vemos un riesgo mínimo y muchos beneficios en aquellos que se preocupan por comportamientos fraudulentos. Sin embargo, los dos miedos de los que hablamos, no por ser discursivos, dejan de tener consecuencias prácticas, materiales, y ninguna de los dos ha producido consecuencias que nos parezcan deseables en términos de apuntalar el juego democrático (quizá no tendrían por qué hacerlo en tanto actos de campaña) especialmente porque al convertirse en bandos, terminan ignorando lo sustancial.

Por nuestra parte, declaramos que no tenemos razones para dudar de que existen las condiciones para una jornada electoral limpia. Sin embargo, sí creemos que existe el riesgo de irregularidades y prácticas antidemocráticas que pongan en entredicho ciertas partes de la elección. Y, aún más importante, creemos que nuestra democracia electoral aún tiene problemas serios, que es perfectible y que se deben tomar las medidas para mejorarla. Vemos problemas que habrá que reflexionar más a fondo después del primero de julio. Basten estos cinco ejemplos:

1. La relación entre los medios de comunicación, los candidatos y la democracia en general.
2. La coacción del voto.
3. La violencia física entre candidatos y simpatizantes que ha llevado hasta el asesinato.
4. Fiscalización de donativos privados y gastos de campaña.
5. Las resoluciones del TEPJF.

Estos problemas tienen implicaciones negativas para la equidad de nuestras elecciones, la libertad en la participación electoral, la transparencia de la acción política de los partidos, la austeridad presupuestal, la paz democrática y la eficiencia en la resolución de conflictos electorales.

Por todo lo anterior creemos que cualquiera que exija al opositor que renuncie a la posibilidad de preocuparse y vigilar comportamientos fraudulentos está promoviendo un comportamiento no democrático. Cualquiera que diga que la democracia electoral está bajo riesgo de fraude masivo o de quiebre institucional sin suficientes argumentos y con fines políticos, está lucrando con el miedo injustificado. Cualquiera que niegue que nuestra democracia electoral aún es perfectible le estorba a aquellos que queremos elecciones más equitativas, con menos coacción y con menos violencia. Por eso declaramos que cualquiera que defienda estas tres posiciones de manera simultánea será nuestro adversario político.

DEMOCRACIA DELIBERADA

Corriente política

-Tercer comunicado-

En Democracia Deliberada no escondemos nuestro partidismo, por el contrario, queremos demostrar que participar en un partido político es una actividad cívica como muchas otras. Que ciudadano no es sinónimo de apartidista y que partidista es una forma más de ser ciudadano. También creemos que el mejor camino – que no el único- para cambiar las instituciones y las políticas públicas del Estado son los partidos políticos. Esta es la razón principal por la que hemos decidido participar activamente en el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Sin embargo, con buenas razones, varias personas nos preguntan: ¿Por qué el PRD y no otros?

El PRD es el partido con el que tenemos más encuentros que desencuentros en objetivos, prioridades y preocupaciones.  Sin embargo, también ha sido el partido que, a lo largo del tiempo, ha sido blanco de muchas de nuestras críticas. Es un partido político del que siempre hemos esperado más que de los otros, y con el que hemos sido más exigentes. Esas exigencias y críticas de ayer y de hoy, las hacemos pensando que las izquierdas deben y pueden ser una opción viable y deseable de gobierno para los mexicanos.

No hacemos caso omiso a los errores que el PRD y sus gobiernos han cometido. Han permitido la corrupción de dirigentes, funcionarios y militantes. No siempre han transparentado el destino de los recursos públicos. En distintos momentos han apoyado candidaturas de políticos que explícitamente violaron derechos civiles, y particularmente los de militantes de izquierdas. En muchos espacios no privilegian la discusión y el debate sino la negociación de puestos, recursos, y reglas. En algunos casos no han tratado de democratizar y mejorar el ejercicio de gobierno, por el contrario, a veces han reproducido las peores prácticas de los viejos gobiernos priistas y los abusos de los recientes gobiernos panistas. Creemos que todo esto puede cambiar.

También reconocemos sus aciertos y los asumimos como ejemplos que merecen se replicados: el énfasis en la redistribución del ingreso, en el combate a privilegios, y el respeto al ejercicio de los derechos civiles, por citar algunos ejemplos. En particular sus gobiernos en el Distrito Federal han demostrado avances notables en varios temas que afectan la vida cotidiana de las personas como pocos. Especialmente en asuntos de seguridad, transparencia, seguridad social, transporte, derechos de las mujeres y el reconocimiento de la diversidad sexual. Es verdad que el PRD no ha sido igual de consistente en esta agenda en todo el país; sin embargo, frente a los fuertes embates contra lo que significan estos cambios, han sostenido sus banderas. Su trabajo legislativo a nivel federal también suele ser muestras de ello, y ese fue el caso en la reciente discusión legislativa sobre una reforma política que acercara más a los representantes con sus representados.

Estos aciertos, nos parece, no ocurrieron de formas aisladas y son parte de la larga historia de las izquierdas mexicanas. De la corriente histórica que estuvo representada por el esfuerzo de democratización y unificación de varios grupos en el Partido Socialista Unificado de México (PSUM) a principios de los años ochenta; y más tarde en el Partido Mexicano Socialista (PMS) que fue producto del reconocimiento y cohabitación de la diversidad política en las izquierdas. Esa misma corriente histórica que supo identificar el impulso democrático que el movimiento cardenista dio a la oposición en 1988, y que al marcar una ruptura no sólo política sino también ideológica con el PRI de aquellos años, ha seguido dando cauce a demandas identificadas con los más débiles y los excluidos. Esos fueron años de adversidad, inequidad, riesgo y persecución política, que pocos hoy, se atreverían a enfrentar.

Los esfuerzos de los años ochenta por unificar las izquierdas partían del reconocimiento de las diferencias, y de la tolerancia para que diversas organizaciones y grupos de izquierda pudieran participar electoralmente. Esa premisa obligaba a que hubiera discusión, debate, deliberación, coincidencias y divergencias. Reconocemos que con los años esos esfuerzos y esos fundamentos se han desgastado. La “tribus” del PRD han tomado el aparato del partido para excluir a ciudadanos, no para incluirlos. Exigen tributo a sus dirigentes, en vez de fomentar la discusión y ampliar las coaliciones sobre las que se sostiene. Pero es precisamente por esta razón, que queremos participar en el PRD.

Queremos recuperar la premisa con la que se fundaron los tres proyectos de unificación anteriores, el reconocimiento de las decisiones colectivas, de la deliberación inteligente, y la generosidad de los acuerdos y desacuerdos políticos, para cumplir objetivos compartidos. Queremos recuperar el reconocimiento a las y los ciudadanos que deciden participar no para sacar un beneficio individual, sino para escuchar y hacerse escuchar. Queremos contribuir a que la acción política del PRD tome un rumbo más igualitario, más sustentable y más abierto. Queremos construir una izquierda que tome decisiones cuyas consecuencias estén tan claras como sea posible, que las conozcan los ciudadanos y que se lleven a buen fin mediante la acción, supervisión y arbitraje de un Estado fuerte y democrático.

La decisión de participar en el PRD la tomamos hace dos meses y no la tomamos casualmente. Sabemos que hoy tiene un significado distinto al que hubiera tenido hace tiempo, o después de la elección presidencial. Nuestra evaluación del gobierno panista de los últimos doce años nos llevó a la conclusión de que el electorado debe castigarlo sacándolo del poder porque pese a algunos aciertos no ha hecho un buen gobierno y su sostenimiento tendría consecuencias aún más negativas. No lograron tomar decisiones que echaran a andar la economía nacional, ni mejorar de manera sustancial la redistribución del ingreso. En el camino su estrategia en el combate al crimen organizado en algunos casos ha tenido en consecuencias indeseables en términos de seguridad, y en otros, directamente ha creado más víctimas, no menos.

En el caso del PRI nuestra conclusión es similar. Los gobiernos desde los cuales ejerció el poder en el pasado, y desde el cual lo ejerce hoy a nivel estatal no presentan evidencia de que sea un partido que haya cambiado. Por el contrario vemos la profesionalización y renovación de sus peores prácticas. No condenan ni combaten el privilegio, sino que lo ostentan. No reconocen y respetan los derechos civiles, sino que los ignoran o de plano criminalizan y excluyen a quienes los ejercen. Considerando su propio pasado, la corriente política que representan no ha logrado convertirse en una opción de gobierno que celebre el arribo democrático al poder sino, por el contrario, han aprendido a llegar al poder con instrumentos aparentemente democráticos, para después restringir la pluralidad y la democracia desde el gobierno.

Participar en el PRD es también parte de un llamado urgente. Es un llamado a darle la oportunidad de gobernar a una opción de izquierdas; a permitirle replicar su aciertos en todo el país y a que trabaje con los ímpetus transformadores que han vuelto a aparecer en nuestra sociedad. Pero también es un llamado a garantizar la existencia de una organización política de izquierdas que esté lista para gobernar y compita por el poder, si es necesario, desde la oposición. Una oposición que debe ser numerosa e inteligente. Democrática y asertiva. Deliberativa e incluyente. Es decir, deliberadamente democrática. 

Democracia Deliberada

Corriente política