Democracia Deliberada

Los maestros como botín

Wed, 08 May 2013 18:42:00 -0500

-decimocuarto comunicado-

Nos preocupa que la reforma educativa no llegue a buen fin. Podríamos abundar en la condena pública a las protestas de la CNTE en cuatro de los estados más pobres del país (Gro, Oax, Mor y Mich) pero no lo haremos. Lo que sí condenamos es que el SNTE, la CNTE y el gobierno federal parecen seguir compartiendo el uso de los maestros. Ese problema es la concepción de la educación pública (de maestros, puestos y presupuestos) como si fueran un botín. Uno que se recibe, se administra, se usa, se invierte y se apropia cotidianamente o en tiempo de elecciones. En esto, consideramos que el gobierno -lo mismo que los líderes sindicales- aún no muestran suficientes pruebas de no tener la intención de seguir calculando sus movimientos con base en una expectativa patrimonial de los recursos educativos.

Los líderes de la CNTE movilizan a sus clientelas preocupadas porque en un examen universal estandarizado puedan perder las plazas que heredaron de alguien más (a veces de sus propios familiares). Sin dudarlo, nos oponemos a la defensa que la CNTE hace de la venta y herencia de plazas, de la exclusión de enemigos políticos de los concursos que deberían ser públicos, y la imposición de una obligación legal para que los maestros participen en movilizaciones convocadas por la dirigencia.

No obstante, aún no conocemos los detalles de las evaluaciones a los profesores. Asumiendo que las evaluaciones las diseñará y aplicará un sólo órgano externo a todos los maestros a nivel nacional, es razonable esperar que sean los maestros de las zonas rurales y de los estados más pobres los que -en efecto- pierdan sus plazas. En un mercado laboral que no se puede describir como vibrante (el guerrerense, oaxaqueño, etc) entendemos algunos porqués de las tomas de las calles. En este sentido, el cálculo de riesgo que hacen muchos maestros no es muy distinto a aquellos que tienen el privilegio de ingresos garantizados vía concesiones del estado, sean mineras, televisivas o sindicales.

Lo que nos cuesta más trabajo entender es cómo el gobierno mexicano, al haber acusado y perseguido por la vía legal a la antigua líder sindical, haya decidido intervenir una vez más en el SNTE y apoyar decididamente a Juan Díaz como el nuevo líder sindical - un viejo miembro del equipo de Elba Esther. Tampoco ha proseguido con presteza las investigaciones sobre sospechas de colusión que recaían en miembros prominentes de la vieja cúpula sindical que sigue en pie. Parece que lo que se disputa no es una mejor educación, sino la recuperación del control sindical por el viejo PRI. Un control que el Estado perdió paulatinamente en los últimos dos sexenios a cambio de seguir corrompiendo la representación de los trabajadores. Serán dictadores, pero son nuestros dictadores, parece ser la lógica. Un cambio similar ocurrió hace años cuando la salida de Carlos Jonguitud nos dejó en su lugar a Elba Esther Gordillo. Ya conocemos las consecuencias.

Apoyamos enérgicamente la urgencia de una reforma profunda de la educación, de restringir la influencia del sindicato en la conducción de las tareas educativas, de construir una carrera magisterial más justa, más ordenada y más meritocrática, de tener mecanismos menos clientelares y más eficientes de promoción, de contrarrestar los efectos de la mala calidad de la infraestructura escolar, de mejorar la capacitación y la actualización de los maestros y de evitar la movilización corporativa con fines electorales. Sin embargo, a pesar de los objetivos compartidos, vemos tres problemas a lo que hasta ahora aparece como el grueso de la reforma educativa. Problemas que creemos podrían convertirse en la razón de su fracaso.

En primer lugar, creemos que las propuestas donde las evaluaciones de maestros tipo “examen de opción múltiple” son el único pilar de la carrera magisterial son equivocadas y pueden ser contraproducentes. Combatir la venta y compra de plazas y ascensos es una cosa, la estandarización mecánica de la carrera profesional es otra. Las experiencias internacionales nos indican que cuando un exámen de ese tipo se les aplica a los maestros para decidir quién sube y quién sale, suele terminar premiándose la mecanización sobre el conocimiento, la habilidad pedagógica, la creatividad y la responsabilidad comunitaria del maestro. Todas cuestiones fundamentales en proveer buena educación. Esos exámenes estandarizados deben hacerse pero no deben llevar el peso mayor en el avance o salida de un individuo de la carrera magisterial. Estados Unidos está revisando mecanismos similares que tuvieron efectos contraproducentes y los países donde hay una mejor educación pública (Finlandia por ejemplo) confían en mecanismos de evaluación donde los propios maestros califiquen y premien a sus colegas en cuerpos colegiados (autoevaluación). También han ido notando los grandes efectos positivos de elevar el nivel de entrada para nuevos maestros jóvenes. Para la tarea más importante del Estado, se busca a las mejores personas desde el comienzo con exámenes estrictos y después se flexibilizan los criterios de promoción en la subsecuente carrera magisterial. Éste último punto nos lleva a nuestra segunda preocupación.

Las iniciativas de reforma legal que han circulado parecen ignorar por completo algún tipo de reforma a las escuelas normales donde hoy se recluta, forma y actualiza a los maestros del país. El proyecto parece asumir que al abrir el examen de entrada al servicio magisterial de carrera a cualquier persona, las escuelas normales irán perdiendo relevancia. Creemos que esta expectativa es equivocada. La educación en las normales está controlada por los sindicatos y es de mala calidad, pero aunque pierdan la capacidad de reclutamiento y de generar las redes que aseguren la promoción de unos y no de otros, alguien va a tener que formar a los maestros y actualizarlos. Las normales deben reformarse, pues vienen de un pasado donde la prioridad era la expansión de los servicios educativos y la concesión corporativa el método de hacerlo. Idealmente, consideramos valioso explorar la posibilidad de que se revalúe el papel de las universidades públicas en este sentido. Quizá las facultades de pedagogía en las Universidades Autónomas de los estados, o los capítulos locales y nacional de la Universidad Pedagógica Nacional, que deberían tener un papel protagónico en la formación y actualización de los maestros del futuro, sobre todo en las regiones más pobres.

Por último, creemos que enfrentar definitivamente el problema de la educación como botín, debe también enfrentar los problemas que la reforma laboral decidió ignorar. La rendición de cuentas, la transparencia sindical, y la transición hacia un sistema sindical más democrático y menos corporativo es fundamental. Sin eso, el uso electoral de los maestros, la opacidad y la arbitrariedad seguirán siendo prácticas recurrentes del sistema educativo.

Creemos que una discusión inmediata y paralela sobre estos tres asuntos es condición necesaria para llegar a buen fin. Los actores en conflicto tendrán mejores maneras para demostrar que quieren dejar atrás las nociones patrimoniales de la educación pública. También, al entender mejor las consecuencias esperadas en términos de costos y beneficios por región del país, por generación y por posición magisterial, más fácil será salir del pantano y desentrampar lo atorado.

En esta reforma, el gobierno está pidiendo un voto de confianza, pero -tras la captura de Elba Esther Gordillo- no ha hecho lo suficiente para probar que tampoco ve la educación como un botín. Esta es una oportunidad valiosa para que el Estado se reconcilie con los ciudadanos en general. Una oportunidad que, tememos, esté a punto de desaprovechar. Por eso declaramos que aquellos que se nieguen a discutir los detalles del futuro sistema de evaluación y promoción de maestros, a discutir la reforma a las normales y a enfrentar abiertamente el problema de la falta de transparencia y democracia sindical, serán nuestros adversarios políticos.

Democracia Deliberada

Corriente política

Partido de la Revolución Democrática

La teletonización de la política social

Tue, 16 Apr 2013 22:29:00 -0500

-decimotercer comunicado-

Hace ya unas semanas en Democracia Deliberada hicimos públicas nuestras objeciones a la Cruzada contra el Hambre. El programa social insignia de la presente administración federal nos parece, en el mejor de los casos, mal diseñado. En el peor de los casos, nos parece una simple reedición de viejas estrategias sociales fallidas. Como dijimos en su momento, no hay transparencia sobre cómo se eligió a la población objetivo; el diseño del programa se presta para que su implementación dependa de criterios políticos; las evaluaciones a varios de los programas incluidos como parte de la cruzada los muestran como poco efectivos; otros ni siquiera han sido evaluados. Además, como señalamos en el comunicado anterior, la cruzada, con todo su marketing, ignora el problema de fondo: esa terca separación entre la política económica y sus efectos sociales. En suma, de acuerdo con su presentación original, nos parecía que la cruzada anteponía los intereses políticos y mediáticos por encima de la efectividad de los programas sociales. Pensamos que se trataba de una estrategia espectacular que se negaba a reconocer el origen de las grandes desigualdades económicas y sociales del país.

Tres meses después, consideramos que la implementación del programa ha ido confirmando su carácter meramente propagandístico, aunque también ha incorporado elementos aún más preocupantes: la participación de entidades privadas en el programa resulta poco clara, potencialmente contraproducente y en algunos casos banaliza el problema que el programa dice combatir.

Hace unos días, la Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles anunció con bombo y platillo un convenio de colaboración con PepsiCo para que la compañía mencionada colabore en el cumplimiento de cuatro objetivos de la Cruzada contra el Hambre: primero, PepsiCo colaborará con el desarrollo de productos alimenticios que contribuyan a combatir la desnutrición. Según la mencionada funcionaria federal, el convenio permite aprovechar “toda la experiencia, toda la capacidad de investigación científica de PepsiCo para diseñar un producto enriquecido a base de avena que contribuya a solucionar las necesidades nutricionales de los niños y las niñas, las mujeres embarazadas y en lactancia”. Las preguntas son obvias: ¿no había un mejor aliado en materia de investigación nutricional que una empresa en parte responsable de la grave crisis de obesidad en México? ¿No hay en el sector público mexicano alguna institución capaz de desarrollar un producto que permita cumplir los objetivos? ¿Qué gana PepsiCo con esta alianza? ¿Cuántos recursos públicos habrán de transferirse a PepsiCo a cambio de su “capacidad de investigación científica”? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de PepsiCo en este programa y hasta dónde la de la Sedesol?

Otro de los aliados estratégicos anunciados por Rosario Robles es Nestlé. En este caso, la compañía se involucrará por medio de impartición de cursos de nutrición y autoempleo. Es decir, los productores de los chocolates Kit Kat y los cereales Lucky Charms serán los encargados de educar a la población pobre de México sobre cómo tomar las mejores decisiones de consumo desde el punto de vista nutricional. Será una empresa líder en la producción de leche en polvo la que le explique a las madres pobres de México sobre las ventajas de la leche materna. Será una compañía internacional con cientos de miles de empleados alrededor del mundo la que enseñe a las madres pobres de México a crear su propio empleo. ¿Nadie en el equipo de Rosario Robles ha notado el potencial conflicto de interés? ¿El estado mexicano no cuenta con otros mecanismos para proveer información a la población?

Otros componentes de la Cruzada contra el Hambre podrían parecer menos kafkianos que la alianza con Nestlé y PepsiCo y aún así nos parecen cuestionables. Por ejemplo, SEDESOL ha anunciado que en colaboración con Cinépolis llevará funciones de estreno, presumimos que a regiones marginadas del país. Nosotros no tenemos nada en contra de proyectos que permitan que las clases más pobres del país tengan acceso a opciones de entretenimiento, en general exclusivas para las clases medias y acomodadas. Pero hacerlo como parte de una Cruzada contra el Hambre trivializa el grave problema de pobreza extrema. Concursos de fotografía, campañas en Facebook donde por cada “like” se donan litros de leche a la campaña por parte de los patrocinadores, historietas de Pepe el Tenedor, entre otras, no son formas efectivas de sensibilización, si acaso servirán para limpiar la conciencia de quienes, en el gobierno, en el sector privado, y en la sociedad en general quisieran que el problema de la pobreza pudiera resolverse haciendo “clicks” en Internet, comprando kilos de ayuda, o tomando el “redondeo” que tiendas de autoservicios después presumen como donación propia.

El resultado de todos estos anuncios es la teletonización de la política social. En el esquema teletón, el Estado cede sus responsabilidades sociales a empresas privadas cuyos intereses entran en conflicto con los objetivos del programa o que -por lo menos- trivializan esos objetivos en aras de promover sus intereses comerciales y ganar notoriedad mediática. En Democracia Deliberada consideramos que el sector privado ciertamente tiene un rol que jugar en la solución de los problemas del país, pero que este rol debe estar siempre subordinado a los objetivos de los programas para el combate a la pobreza. Si el objetivo de PepsiCo, Nestlé, Cinepolis y otros es ayudar a reducir los inaceptables niveles de pobreza en el país deben hacerlo a través del Estado mexicano, pagando impuestos, respetando las regulaciones, haciéndose responsables de los efectos sociales que el consumo de sus productos puede tener en materia, por ejemplo, de obesidad infantil y diabetes.

Pero aún más importante, en Democracia Deliberada consideramos que la política social es responsabilidad irrenunciable del Estado. Consideramos que más que coordinar esfuerzos de diversos sectores para alcanzar un fin tan importante como terminar con la pobreza extrema, lo que el Estado mexicano está haciendo con estos convenios es renunciar a sus responsabilidades a cambio de forjar alianzas poco transparentes con el sector privado. Estas alianzas nos confirman que a pesar de la retórica gubernamental, detrás de la Cruzada contra el Hambre hay intereses políticos e incluso privados que han convertido al combate a la pobreza en una simple campaña mercadotécnica.

Democracia Deliberada
Corriente política
Partido de la Revolución Democrática

Ya somos perredistas. La militancia como batalla y como deuda

Tue, 12 Feb 2013 10:46:00 -0600

-Carta abierta al PRD-

12vo comunicado

Estimados dirigentes y militantes del Partido de la Revolución Democrática,

Fuimos nosotros quienes los demandamos frente a los tribunales. Los demandamos por mantener cerradas las afiliaciones durante un año y medio. Somos nosotros a los que se refirió el Presidente del PRD al inicio de la nueva campaña de afiliación en 2013. Somos nosotros en quienes pensaba cuando dijo que “hay que decir que este proceso de afiliación que hoy reiniciamos se da porque hay una presión también, la hubo en semanas previas de liderazgos de mujeres y de hombres, por cierto una parte muy importante de jóvenes, que [lo] exigieron incluso hasta a las autoridades electorales, [que] llevaron su reclamo [para] que el PRD abriera su afiliación”.

Estimados colegas, ahora que hemos logrado nuestro objetivo quisiéramos explicarles, una vez más, el por qué de nuestra demanda, pero sobre todo, contarles lo que esta experiencia nos ha dado para nuestro futuro como perredistas.

Los demandamos tras nueve meses de querer participar en el partido político que, en la historia reciente, ha aglutinado a las izquierdas. Los demandamos porque nos desesperó la larga espera; porque nos fueron ya insuficientes las justificaciones falsas y las repetidas. Los demandamos porque aunque tenemos una idea de izquierda, una agenda de izquierda y prácticas de izquierda distintas a la suya, también somos de izquierda y queremos una sociedad más justa, más igualitaria, más redistributiva, más abierta y más sustentable. Los demandamos porque, como ustedes, creemos en la vía partidista como herramienta de transformación de las instituciones y las políticas del Estado. Pero también los demandamos porque creemos que aunque ningún ciudadano deba tener la obligación de participar en los partidos, los partidos sí deben ser una opción abierta para todos los ciudadanos (también el Tribunal así lo reflexionó en la sentencia). Los demandamos, en resumidas cuentas, porque queremos participar; porque no sólo ustedes sino cualquiera debe poder hacerlo; porque la izquierda es de todos; porque a la izquierda no sólo le sirve reclutar “personalidades relevantes”, porque a la izquierda le sirve ya no apostar por el modelo de partido cerrado o por la participación colectiva y vertical.

Les anunciamos formalmente que, finalmente, nuestros miembros se han afiliado al PRD,

A pesar de la espera, a pesar del hermetismo del partido, no nos desanimamos y llegamos a participar como siempre, como nunca. Así como nos lo habíamos prometido. Nuestros simpatizantes no necesariamente tienen que hacerlo, así lo decidimos y así lo seguiremos haciendo. La afiliación para nosotros fue una batalla dura, una que se fue convirtiendo en una suerte de marca de nacimiento. Batalla que nos ha ido definiendo y preparando durante este tiempo para lo que está por venir. Los últimos meses fueron una cuesta arriba. Una tarea sencilla (afiliarse al PRD) se convirtió en una tarea de litigio estratégico muy pesada. Una prueba de fuego que marcó nuestras maneras de organizarnos y nuestras maneras de actuar.

Ahora que somos perredistas, se las queremos compartir. Desde el origen nos formamos en una minoría que creyó que ser ciudadanos y ser activistas no estaba necesariamente peleado con ser partidistas. Sin embargo, las maneras de organizarnos siempre fue distinta a las formas organizativas tradicionales del PRD. Nuestras formas de reclutamiento siempre han sido abiertas, libres, voluntarias, gratuitas e individuales. Nuestro comienzo estuvo marcado por nuestra participación en organizaciones y movimientos de la sociedad civil organizada, de instituciones académicas, de los medios y de las redes sociales Quizá por eso estamos acostumbrados a decir, a opinar, a polemizar pero también a responsabilizarnos de nuestras palabras de forma individual o colectiva, según sea el caso. Somos un grupo político acostumbrado a las muchas voces y a la construcción de posiciones comunes de manera colectiva y muy deliberada. Por eso somos un grupo de izquierda que cree en la utilidad del debate público como método y también en la utilidad social y política de tener auténticas “corrientes de opinión” como resultado.

Aunque muchos de nuestros miembros y simpatizantes tienen inclinaciones académicas, también distinguimos claramente entre el análisis y la posición política. Ambas están conectadas por vasos comunicantes, pero mientras lo primero trabaja con hipótesis y datos para responder preguntas, la segunda pone esas respuestas en el contexto, busca ya no responder sino comunicar las batallas relevantes en las prioridades correctas y cuya preocupación principal sean los efectos.

También somos una de esas organizaciones donde los miembros saben que el prestigio es un capital que se arriesga de forma individual, pero que hacerlo de forma coordinada por las causas adecuadas y oportunas suele ser más efectivo. Quizá por eso y por cómo funcionan las redes sociales descentradas de las que venimos (físicas o virtuales) sabemos muy bien que NO siempre es cierto que el colectivo es más que la suma de sus partes. Para nosotros queda muy claro que muchas veces el colectivo se describe mejor NO como el depositario de todos los planes y aspiraciones, sino como el mínimo común denominador de la fuerza, las ideas y las voluntades puestas por cada una de sus partes (el auténtico motor). Por eso creemos que nuestro mínimo común denominador (por pequeño y limitado que sea) debe siempre ser tan pensado y discutido como se pueda, para mayor efecto de la iniciativa y mayor compromiso con nuestro esfuerzo común.

Eso hemos sido hasta ahora y ahora somos uno más con ustedes. Hoy, como ustedes, queremos un mejor PRD. Uno que delibere mejor, uno que se organice mejor, uno que recupere la confianza de la ciudadanía, uno que ofrezca a los ciudadanos un proyecto sólido y diferenciado de los otros, uno que gane más elecciones más seguido y uno que esté mejor preparado para gobernar.

Por otro lado, hemos declarado con anterioridad que entramos al PRD con actitud de invasión. Es cierto, creemos que muchos que nos reconocemos de izquierda no nos sentimos del todo representados por los partidos de izquierda. Y sí, la invasión a la que nos referimos es un deseo, un sueño, el de que más de esas personas (no sólo nosotros) que se sienten poco representadas decidan combatir la distancia entre partidos y sociedad no renegando del PRD sino participando en él. Haciéndolo suyo. Sin embargo, también usamos la palabra “invasión” en otro sentido. En el sentido de hacer referencia a una invasión de argumentos sobre las cosas públicas, una invasión de hábitos de organización, de deliberación, de reclutamiento y de comunicación. Nuestra invasión quiere contribuir transformando al partido al ofrecerle maneras alternativas de entender la izquierda y de convertirla en organización, en idea, en posición, en candidaturas, en estrategias electorales y en actos de gobierno. A eso aspiramos, a eso venimos. Esa es la tarea que nos damos..

El haber nacido con la batalla por la libre afiliación no nos ha desilusionado, pero también es un logro que defenderemos para nosotros y para otros. Sin embargo, no sólo vemos la participación como un deber de los partidos, también la vemos como una deuda que los ciudadanos hemos tenido históricamente con los partidos. Tenemos una sociedad cada vez más fuerte y partidos cerrados que se han debilitado en términos relativos. Una combinación poco saludable para la democracia. Apostar por el abandono de los partidos también es debilitar a la democracia y hacerle un favor a los grupos pequeños que gobiernan. Tenemos la deuda de no olvidar a los partidos, de hacerlos nuestros. La militancia partidista y crítica es una deuda con los objetivos que nos hemos dado a nosotros mismos.

A pesar de las diferencias específicas con el PRD (expresados en varios de nuestros comunicados anteriores) como la estrategia frente al Pacto por México, por ejemplo, también reconocemos y celebramos el comportamiento que el PRD ha tenido recientemente en la discusión legislativa. Consideramos que la manera de discutir abierta y frontalmente la reforma laboral a fines del 2012 fue un esfuerzo muy bien hecho y bien coordinado que discutió lo importante, ofreció ideas, diagnósticos y propuestas y que fue bien comunicada. Creemos que lo mismo ha comenzado a ocurrir con lo referente a la reforma de PEMEX y la reforma energética en general. En estos dos casos hemos estado orgullosos de nuestro partido.

Por todo esto, hoy, los miembros de Democracia Deliberada declaramos frente a ustedes: portamos nuestras credenciales con orgullo y con satisfacción. Cumplimos nuestros planes, cumplimos con lo dicho, así queremos seguir. Estimados colegas de partido, en Democracia Deliberada hoy les decimos: somos perredistas, batallar es nuestro sino, militar es nuestra deuda y deliberar nuestra identidad. Así ha sido y así será.

Saludos para todos.

Por un PRD deliberadamente democrático,

Democracia Deliberada
Corriente política
Partido de la Revolución Democrática

Cruzada contra el hambre, mucho ruido y pocas nueces

Tue, 05 Feb 2013 15:05:00 -0600

-onceavo comunicado-

El pasado 21 de enero el Gobierno Federal anunció la implementación de una estrategia de combate al hambre denominada Cruzada Nacional Contra el Hambre. El objetivo, se dice, es coordinar esfuerzos intersectoriales para asegurar que todos los mexicanos puedan satisfacer sus necesidades básicas de alimentación. Si bien garantizar el derecho a la alimentación es una obligación irrenunciable del Estado, en Democracia Deliberada consideramos que la Cruzada contra el Hambre tiene al menos cuatro grandes defectos de origen que limitarán su efectividad y que pueden hacer de ésta una estrategia fallida —como otras estrategias federales en sexenios anteriores.

Primero, consideramos que no se realizó una correcta cuantificación del problema que se desea atender y, por tanto, no se definió cuáles son los alcances de esta estrategia. En principio, la Cruzada tiene como población objetivo a aquellas personas que viven en condiciones de pobreza extrema y que al mismo tiempo tienen carencias de acceso a la alimentación. Para atender a esta población, se indicó que inicialmente la Cruzada se implementará en 400 municipios en donde el problema de la pobreza extrema es de acuciante gravedad. Sin embargo, hasta hoy no es transparente la forma en que se delimitó el número de municipios. De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el 18.8 por ciento de la población de México se encuentra en situación de pobreza alimentaria y 10.4 por ciento se clasificó en situación de pobreza extrema. Por tanto, debe vigilarse que haya transparencia en la forma en que se escogieron a los municipios para llegar a la cifra de 7.4 millones de personas que se buscará atender. En Democracia Deliberada consideramos que la transparencia debe ser un elemento central en todas las acciones del gobierno, en todo nivel, por lo que nos sumamos a quienes exigen una mayor claridad en la forma en se elegirán a los municipios de la Cruzada.

El segundo punto de discrepancia que tenemos es que, de acuerdo a los presupuestos asignados a los programas de la Cruzada, los esfuerzos se concentrarán en dos grandes conjuntos de la población más pobre, lo cual puede excluir en la práctica a muchas de las familias en condiciones de alta vulnerabilidad. Los programas más importantes enlistados en el decreto que establece el SINHAMBRE, que representan el 66 por ciento del presupuesto de los programas de la estrategia[1],o bien se enfocan al ámbito rural y de la producción agrícola, o tienen como objetivo transferir recursos para incrementar el ingreso de las familias y acercarlas a servicios básicos, como el Seguro Popular y Oportunidades. Sin embargo, podría estarse pasando por alto la complejidad de la pobreza extrema en que viven las familias con carencias alimentarias, que no es exclusivamente rural o que en muchos casos no tienen acceso a los servicios en sus comunidades.

En 2010, de acuerdo a CONEVAL, alrededor de 6 por ciento de la población en zonas urbanas se encontraba en situación de pobreza extrema. Por tanto, consideramos necesario tener en cuenta que las carencias alimentarias en las zonas urbanas pueden ser subsanadas con mejoras en el ingreso. En el contexto rural, cuando nos referimos a las zonas más castigadas por la pobreza y el hambre, la respuesta no es tan obvia. La falta de mercados, la severidad de las condiciones naturales y el aislamiento poblacional imponen severas restricciones para el funcionamiento de las políticas públicas. Errores en el diseño, como no tomar en cuenta estas diferencias entre los ámbitos urbano y rural, ya han causado que otras estrategias de política social fracasaran, mientras que la pobreza y el hambre siguen ahí, persistentemente flagelando a una parte importante de la población mexicana.

Los discursos de los funcionarios han enfatizado el carácter no asistencialista de la Cruzada, como una forma de desmarcarse de las sospechas que pudieran surgir sobre el uso de la misma con fines políticos. Es cierto, para dar una solución sostenible al problema del hambre se requiere mejorar las capacidades productivas de las familias más pobres para que sean capaces de salir de la condición de pobreza en que se encuentran. Sin embargo, miles de familias no tienen siquiera un piso mínimo de activos productivos sobre el cual las políticas públicas de la Cruzada puedan tener efecto. Para millones de familias las medidas asistencialistas son la única salida a la situación de pobreza en que viven. El problema es que aquéllos que hoy pretenden oponerse a este tipo de medidas son los mismos que han lucrado con la pobreza para obtener apoyos políticos a cambio de sus dádivas.

Tercero, consideramos que es importante señalar que, de acuerdo al decreto que formaliza el SINHAMBRE, se dota a una Comisión Intersecretarial encargada de dirigir el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (SINHAMBRE) de total discrecionalidad en la selección de los próximos municipios a entrar en el programa así como de capacidad de rediseñar las reglas de operación de los programas que han de operar dentro de la cruzada. Esto es poner nuevamente a los presupuestos más cuantiosos del gobierno en manos de funcionarios que pueden decidir qué hacer, con cuánto dinero y en qué tiempos. Consideramos sacar ventaja de la miseria de la gente para conseguir apoyos políticos es uno de los más arraigados vicios que debemos erradicar, en todos los niveles de gobierno. No basta con condenar esta práctica, en Democracia Deliberada urgimos a crear mecanismos externos a los gobiernos para vigilar el uso de recursos públicos, y para señalar y sancionar a quienes incurran en estas prácticas.

Otro punto que es necesario cuestionar está relacionado a la selección de programas que se incluyen dentro de la Cruzada. Pareciera que en aras de cumplir el compromiso de lanzar la Cruzada contra el Hambre en los primeros 60 días del nuevo gobierno, no se realizó una revisión profunda de los programas que se proponen para funcionar en el marco de la cruzada. De hecho, de entre los programas incluidos en la cruzada, algunos, como el PROCAMPO, han sido catalogados como regresivos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. En cambio, otros programas fueron incluidos aunque, de acuerdo a las evaluaciones del mismo CONEVAL no se ha podido documentar con evidencia convincente su efecto positivo. No es claro que programas que consistentemente han fallado en alcanzar sus objetivos puedan funcionar dentro del marco de la cruzada, ni por qué no se consideró rediseñar estos programas o implementar otros nuevos y mejores.

Finalmente, en Democracia Deliberada asumimos una posición crítica respecto a la Cruzada contra el Hambre pues no ataca problemas de fondo sino que, enmarcado en un discurso atractivo, se limita a tratar de resolver los síntomas sin ir a las causas fundamentales. En el marco del Pacto por México, todo crítico al discurso de unidad es señalado casi como un traidor. La Cruzada contra el Hambre no será la excepción. ¿Quién podría estar en contra de asegurar que aquellos que no tienen qué comer encuentren tengan una forma digna de acceder a los alimentos? Sin embargo, poco o nada puede resultar de la cruzada contra el hambre si se mantiene la separación tajante entre la política económica y sus consecuencias sociales. De poca utilidad serán los esfuerzos en el contexto de una economía que gasta millones de pesos cada año en subsidios a los grandes productores agrícolas, a las gasolinas y a la electricidad. De poco puede servir que los más pobres reciban justo lo necesario para quedar por encima de la línea oficial que define la pobreza si se encontrarán en una situación igualmente vulnerable, de trabajo precario, sin acceso a la seguridad social y en riesgo inminente de ser de nuevo pobre a causa de alguna eventualidad.

En Democracia Deliberada creemos que es importante replantear lo que hoy se conoce como “política social”. Después de más de una década de programas focalizados dirigidos a los más pobres, no hay evidencia clara de que hayan sido efectivos en reducir de manera fundamental la pobreza y la desigualdad. Por esa razón creemos que urge considerar los programas de servicios y transferencias universales, que reduzcan la captura política de los más pobres, sean más fáciles de administrar y rompan con ciclos de pobreza de los cuáles hoy es casi imposible de salir. Quienes antepongan los intereses políticos y mediáticos por encima de medidas que distribuyan el presupuesto en beneficio de los grupos más necesitados, y quienes optan por estrategias espectaculares pero que se niegan a reconocer los grandes problemas que originan las desigualdades económicas y sociales y la carencia de oportunidades para los que menos tienen, serán nuestros adversarios políticos.

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[1] Se llegó a esta cifra con los datos que obtuvimos sobre el monto asignado a cada programa para el presente ejercicio, aunque no todos los recursos de cada programa estarán exclusivamente dedicados al SINHAMBRE.

El Pacto por un México sin oposición

Tue, 18 Dec 2012 19:15:00 -0600

-Décimo comunicado-

El Pacto por México es la expresión escrita de las reformas que diversos actores políticos y miembros de la sociedad civil creen que son necesarias para el país. El Pacto contiene buenas ideas y algunas buenas intenciones. Sin embargo, las intenciones no justifican de forma suficiente la firma tripartidista de un documento tan ambicioso, tan amplio y, en ocasiones, tan impreciso; sobre todo, sin que la oposición reciba nada a cambio y sin que se construya una coalición de mutua conveniencia. No celebramos la idea de exaltar consensos frágiles, ni celebramos que la aparente unidad de los tres partidos se considere virtud de nuestra democracia. Consideramos que el Presidente Enrique Peña se equivoca cuando considera que la unidad es la base para construir acuerdos. En Democracia Deliberada creemos que es exactamente al revés. Los acuerdos son la base para construir la unidad. Y para eso, antes de firmar, hay que deliberar.

En Democracia Deliberada consideramos que la precisión del Pacto no consiste en hacer largos listados de cosas deseables, un calendario para completar buenas ideas, hacer referencia a las leyes correspondientes u ofrecer un discurso conciliador. En cambio, consideramos que las claves de los pactos sostenibles se montan no sólo sobre reformas legislativas, sino sobre acciones concretas, políticas públicas bien diseñadas, estrategias de implementación adecuadas y -sobre todo- en un sustento de tipo fiscal de las mismas. El Pacto por México implica un transformación radical del Estado, por lo que es en los detalles presupuestales de corto y mediano plazo en donde se hallan los mejores indicios de la factibilidad del mismo. Este Pacto no presenta estas precisiones debido en buena medida a que para concretarse requiere de una reforma fiscal que los tres partidos firmantes temen, pero deben, discutir. En cambio, el Pacto de la Moncloa, con el que se ha tratado de comparar al Pacto por México, se distinguió por haber tenido como corazón un nuevo pacto fiscal. De ahí que -entre otros motivos- no es posible inferir que el Pacto por México vaya a sostenerse de la misma forma.

Desde la perspectiva de las izquierdas, entendemos que si el PRD hubiese optado por no firmar el Pacto, corría el riesgo de ser expuesto injustamente como un opositor polarizante y paralizante; pero al firmar y festejar el supuesto consenso ahora corre el riesgo de ser criticado justamente por representar a un aliado y no a una alternativa distinta al resto de las fuerzas políticas. Votar a favor de una ley con otro actor político no significa ser su aliado, pero renunciar a discrepar sí lo es. Acordar una o dos reformas de manera conjunta es un buen hábito político, pero comprometerse a noventa y cinco de ellas y no recibir nada a cambio es arriesgarse a dejar de ser oposición sin tampoco ser gobierno. Un pacto de este tamaño suele requerir un pacto adicional de coalición, uno que no existió. Por eso preguntamos, ¿de veras el PRD está de acuerdo con la Gendarmería Nacional o con un Código Penal Único que probablemente excluiría la despenalización del aborto en el texto final?

La deliberación pública sobre el contenido de las agendas legislativas de los partidos permite a los ciudadanos identificar las prioridades y preferencias de sus representantes. Pero, por su naturaleza consensual (que tanto se festeja) y por la amplitud de temas que trata, la firma del Pacto es un ejercicio totalizante que descalifica implícitamente el debate, la diferencia y la deliberación característicos (y necesarios) de un sistema democrático. Desdibuja a la oposición y deja al electorado huérfano de posiciones que discutir y opciones políticas que premiar y castigar. La deliberación pública sobre el contenido de las agendas legislativas de los partidos permite a los ciudadanos identificar las prioridades y preferencias de sus representantes. El pacto puede convertirse en un mecanismo de bullying político, peligroso en una situación donde los supuestos aliados no conocen los detalles de las políticas públicas que el partido gobernante tendrá mano en diseñar, presentar y cabildear de manera arrolladora.

El disenso, la deliberación y el debate son ingredientes fundamentales en un sistema democrático y en Democracia Deliberada siempre los celebraremos entusiastas. Justamente por eso no celebramos ahora. Celebraremos cuando las izquierdas manifiesten pública y argumentadamente su posición sobre los particulares legales y de política pública bosquejados en el pacto, así como los detalles de su implementación (en términos de financiamiento y operación). Celebraremos cuando la izquierda fomente la discusión y la confrontación de ideas concretas; cuando no tenga miedo a disentir con argumentos deliberados. Mientras que para la mayoría de las fuerzas políticas las razones de la alegría se cifran en nociones como el consenso o la “unidad nacional”, nosotros entendemos que la esperanza democrática reside en pensar los detalles, discutirlos de manera adversarial, para luego llevarlos a buen fin. A pesar de que varios miembros de nuestra corriente tienen vocaciones técnicas y académicas, jamás desearíamos que la técnica guíe a la política, más bien queremos que la política construya un contexto donde se premien las ideas y se discutan los detalles.

Por todo lo anterior creemos que aquellos que privilegian la aparente necesidad de consensos superficiales sobre la necesidad de mantener una oposición clara, diferenciada, elocuente y argumentada no comparten nuestra noción de democracia deliberativa. Por eso declaramos que quienes pretendan utilizar al “Pacto por México” como un instrumento para debilitar a la oposición o para evitar la deliberación, serán nuestros adversarios políticos.

Democracia Deliberada
Corriente política

Juicio de Protección de Derechos en contra del PRD

Mon, 26 Nov 2012 20:31:31 -0600

Juicio de Protección de Derechos en contra del PRD:

Aquí se puede descargar el PDF del juicio de protección de derechos que integrantes de Democracia Deliberada metimos en contra de la Comisión de Afiliación del PRD por negarse a afiliarnos.

Boletín de prensa

Sat, 17 Nov 2012 11:14:00 -0600

Somos un grupo de profesionistas, académicos y activistas de la sociedad civil organizada que nos hemos dada a la tarea de afiliarnos al PRD. Sin embargo, este instituto político lleva 18 meses sin permitir nuevas afiliaciones (desde mayo 2011). Creemos que el PRD, al impedir nuevas afiliaciones, está en franca violación de sus propios estatutos y –por eso- vulnera los derechos políticos de los ciudadanos.

Según nos ha informado la Comisión de Afiliaciones del PRD, la apertura de afiliaciones se ha pospuesto en varias ocasiones. Sin embargo, esta vez ha sido el propio Presidente del partido, Jesús Zambrano, quien ha informado que esta semana comienza una nueva campaña de afiliación nacional.

Aunque habíamos intentado afiliarnos a principios del mes, hemos decidido tomarle la palabra a Jesús Zambrano e intentarlo una vez más. Una comisión de nuestros miembros y simpatizantes asistiremos a la oficina de afiliaciones a solicitar nuestro ingreso el 20 de noviembre a las 13.00hrs (Av. Monterrey #50, Col. Roma, México DF). Sin embargo, tememos que –una vez más- siga cerrada la afiliación y todo siga siendo una estrategia para enmascarar el aislamiento que padece el PRD. Por eso llevaremos un notario para que, en su caso, registre la negativa del PRD a afiliar a los ciudadanos de a pie.

El PRD tiene un déficit democrático que le urge corregir. No es casual que varios de sus dirigentes hablen de la necesidad de ciudadanizar al partido. Sin embargo, nos preocupan los cómos de esta estrategia. Jesús Zambrano informó hace unos días: “Es de nuestro interés incorporar al @PRDmexico a gente de la sociedad civil de destacada trayectoria”. Nos preocupa que esto esconda la intención de no incorporar a ciudadanos sin “destacada trayectoria”. Marcelo Ebrard, por su parte, ha propuesto la creación de un consejo de ciudadanos “notables” que haga contrapeso al Consejo Nacional y al Comité Político. También, se habla mucho de “candidaturas ciudadanas” en los estados de la república. Ninguna de estas propuestas realmente busca abrir a la sociedad lo que hasta hoy se mantiene como un club cerrado. Para el PRD, combatir la partidocracia también debe incluir una reforma a su organización interna.

Creemos que el PRD no sólo debe concentrarse en ganar elecciones. Por su vocación de izquierda y a diferencia de otros partidos, también debe procurar ser un mecanismo de representación y una herramienta de participación. Las izquierdas no deben escoger a ciertos ciudadanos, deben permitir a todo ciudadano escoger a las izquierdas.

Democracia Deliberada

Hicimos este video donde se muestra la imposible tarea de...

Wed, 14 Nov 2012 18:01:00 -0600

Hicimos este video donde se muestra la imposible tarea de afiliarse al PRD. Lo partidos no sólo deben ganar elecciones o representar ideas, también deben representar personas y procurar ser mecanismos de participación ciudadana. Especialmente los partidos de izquierda. Queremos un PRD más abierto, menos aislado, más deliberadamente democrático.

Reforma laboral, más costosa que benéfica

Tue, 23 Oct 2012 14:15:00 -0500

-Noveno Comunicado-

Hace unas semanas el Presidente Calderón envió a la Cámara de Diputados una propuesta de reforma laboral mediante el mecanismo de iniciativa preferente. La propuesta del Presidente tenía dos componentes fundamentales: mayor flexibilización del mercado laboral (contratos por hora, contratos a prueba, subcontratación, etc.) y cambios en los mecanismos de representación sindical que podrían mejorar la democracia, la transparencia y la rendición de cuentas de la mayor parte de los sindicatos del país (la propuesta se refiere únicamente a los trabajadores del apartado A del artículo 123). Como es sabido, la propuesta de reforma laboral del Presidente fue aprobada por los Diputados pero sin incluir los elementos relativos a la vida sindical. En contraste, todas las modificaciones relativas a la flexibilización del mercado laboral —que representaban básicamente la agenda y las propuestas de las cúpulas empresariales— fueron aprobadas en la Cámara con los votos del PRI, el PAN, el PVEM y el PANAL.

Ahora, la propuesta está a discusión en la Cámara de Senadores en donde se especula que podría haber una alianza entre el PAN y las izquierdas para reintegrar a la reforma la parte relativa a la democracia y transparencia sindicales. El PRI, como era de esperarse, se opone a realizar cambios que afecten al viejo sistema corporativo priista y amenaza con bloquear toda la reforma si es que llegase a ocurrir lo anterior. Mientras tanto, las cúpulas empresariales, desesperadas por la posibilidad de perder lo ganado con la reforma aprobada por los Diputados, hacen llamados urgentes y publican desplegados apremiando a los Senadores del PAN a aprobar la reforma “sin modificaciones”.

Dado el contexto y la situación actual de esta polémica, los miembros de Democracia Deliberada manifestamos nuestra posición:

La propuesta de Reforma Laboral parte de un par de premisas equivocadas, pues considera, primero, que el mercado laboral mexicano es demasiado rígido y, segundo, que las condiciones de impartición de justicia laboral son muy favorables para los trabajadores. Estos factores perjudicarían a las empresas, principalmente a las pequeñas y medianas, desalentando así la creación de empleos formales. Sin embargo, ninguna de estas dos premisas es cierta ya que la evidencia empírica tanto en creación y destrucción de empleo, como en los resultados de los mecanismos de impartición de justicia laboral, sugieren lo contrario. Estas premisas equivocadas, sin embargo, han servido para justificar algunas de las propuestas de la reforma y han dado lugar a una considerable sobre-estimación de los beneficios de la misma en materia de creación de empleos formales. Esto, por supuesto, también ha servido para “vender” mejor la reforma ya que con ello se promete la creación de más oportunidades de empleo, sobre todo para la gente joven y para las mujeres.

En cambio, nosotros consideramos que la Reforma Laboral, tal y como fue aprobada por los Diputados, está muy lejos de ser una verdadera reforma de fondo en las condiciones que norman las relaciones entre trabajadores y empresas en el ámbito laboral. Lo anterior se debe a que esta reforma no modifica los instrumentos históricos del corporativismo representado por las cúpulas del PRI, las organizaciones obreras y los organismos patronales, ya que sigue permitiendo la existencia de sindicatos blancos y de contratos de protección; no cambia los mecanismos de impartición de justicia laboral, y no establece mecanismos apropiados de protección social para los trabajadores (como el seguro de desempleo, por ejemplo).

Más aún, dentro de lo ya aprobado, la Reforma Laboral amplía las posibilidades de subcontratación y de los llamados servicios de “puesta a disposición de los trabajadores”, lo cual pretende regularizar una serie de prácticas que hoy se dan al margen de la ley y que han servido únicamente para beneficiar a las empresas a costa de la calidad de las condiciones laborales. De aprobarse estas modificaciones, se estaría regularizando una serie de prácticas que hoy en día son ilegales y que en el futuro podrían perjudicar a amplios segmentos de los trabajadores al facilitar su desvinculación de las empresas en las que actualmente laboran, con lo que sus ingresos y condiciones de trabajo podrían verse severamente afectados.

En Democracia Deliberada creemos que una auténtica reforma laboral debe contener, al menos, los siguientes elementos:

1) Mayor transparencia y democracia sindical.

2) Mecanismos ampliados de protección social para los trabajadores, incluyendo la creación de un seguro de desempleo.

3) Nuevos mecanismos de impartición de justicia laboral (juzgados laborales), que formen parte del Poder Judicial y no de Juntas de Conciliación y Arbitraje como ha funcionado hasta ahora.

4) Eliminación del concepto de “Toma de nota” y de la “cláusula de exclusión”, que permiten la existencia de sindicatos blancos y de opresión a la disidencia sindical.

5) Garantía de voto libre y secreto antes de la asignación del contrato colectivo.

6) Una mejor regulación de la subcontratación, que limite el uso de ésta a actividades no sustantivas de las empresas.

7) Una mejor regulación de los servicios de “puesta a disposición de los trabajadores” que evite la simulación y el establecimiento de relaciones laborales semi-permanentes en actividades que, por su propia naturaleza, deberían de ser temporales o esporádicas.

En Democracia Deliberada pensamos que ha sido un error proponer una Reforma Laboral parcial, sesgada, divisiva e incompleta que, por lo demás, tendrá efectos negativos sobre las condiciones laborales y los ingresos de los trabajadores, sobre todo como resultado de la legalización de prácticas de subcontratación que van más allá de lo establecido en los estándares internacionales. Consideramos que la única ventaja real que podría resultar de esta propuesta de reforma reside en la posibilidad de mejorar las condiciones de transparencia, democracia y rendición de cuentas de los sindicatos blancos que actualmente operan en la mayor parte de las empresas privadas y, eventualmente, en las de los sindicatos públicos. Por ello, una reforma que no incluya al menos estos elementos no debería ser aprobada por no contener elementos que representen un beneficio para los trabajadores, pero que si podría ser lesiva para algunos de ellos. Así, ante la posibilidad de que pueda ser aprobada una reforma que estaría legalizando prácticas de subcontratación con carácter abusivo y por debajo de los estándares internacionales de protección laboral, es posible, por sorprendente que parezca, que el statu quo sea preferible a la reforma que actualmente ha sido aprobada en la Cámara de Diputados.

Por estas razones, quienes intenten aprobar una reforma laboral que perjudique los intereses de los trabajadores mexicanos, quienes promuevan una mayor flexibilización del mercado laboral sin promover una mejora de los mecanismos de protección social, así como quienes pretendan mantener las condiciones de opacidad y antidemocracia al interior de los sindicatos, serán nuestros adversarios políticos.

Democracia Deliberada
Corriente política

Izquierda separada ¿izquierda reformada?

Mon, 01 Oct 2012 21:25:00 -0500

-Octavo comunicado-

El excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador ha anunciado su separación de los partidos políticos de izquierda y ha lanzado una convocatoria al Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) para evaluar la posibilidad de formar un nuevo partido político o continuar siendo una asociación civil. Al tiempo que las asambleas distritales del movimiento se llevan a cabo, distintas voces han planteado su postura. Hay quienes lamentan esta decisión porque piensan que esta separación dividirá a la izquierda, pero también hay quienes consideran que esta decisión es saludable y que representa una buena oportunidad para replantear el futuro de las izquierdas (desde una u otra trinchera). Nosotros coincidimos, en lo general, con esta última posición; pero también sabemos que eso no es suficiente. Creemos que izquierda separada no es sinónimo de izquierda reformada.

Por un lado, MORENA presenta un diagnóstico de la realidad nacional que, en sus aspectos fundamentales, compartimos. En específico, compartimos la crítica que se hace a la forma en que hoy funcionan los partidos políticos existentes. Sin embargo, por otro lado, creemos que los esfuerzos de MORENA estarán concentrados en la construcción de una identidad y organización diferenciada dentro de las izquierdas, lo cual da poco espacio para la deliberación de asuntos políticos y de políticas públicas que se tratan cotidianamente en distintos espacios de toma de decisión. El proceso de construcción de una institución hace más difícil conciliar las diferencias propias de la pluralidad: las pequeñas diferencias pueden tener consecuencias desproporcionadas sobre la organización. Por estas razones, creemos que -bajo las circunstancias presentes- MORENA no es un espacio que tenga las condiciones de pluralidad que requieren los objetivos y las formas que ejercitamos en Democracia Deliberada.

No obstante, a pesar de estar plenamente conscientes de que tenemos diferencias de políticas públicas con MORENA, de hecho no muy diferentes a las que tenemos con el PRD, también sostenemos que MORENA es un movimiento del que reconocemos algunas cosas valiosas que no hemos visto en otras partes de la izquierda: por ejemplo, su combatividad, su vocación polémica y su disposición a sacar las discusiones de los salones cerrados y llevarlas a las plazas públicas. Nos gusta esa forma de hacer política. Quizá por eso no nos sorprende del todo su separación del PRD. De hecho, compartimos varias de las preocupaciones de algunos miembros de las izquierdas que ahora se separan de su viejo partido. En este sentido, a pesar de nuestras diferencias, nuestra posición puede quedar ilustrada con la siguiente analogía: en este momento preferimos ser lopezobradoristas estratégicos en el PRD antes que perredistas programáticos en MORENA.

Reconocemos también que el PRD, institución por la que hemos decidido optar, necesita recuperar su prestigio político y social como un espacio plural que reconoce y da cabida a la amplia diversidad que hay en las izquierdas. Esto no se puede hacer mediante llamados a excluir algunos grupos, o a acudir a una defensa de la moderación que no aclara cómo ayuda eso a promover políticas públicas más igualitarias, que combatan los privilegios, que protejan al débil, que combatan la concentración del poder, o la regresividad del gasto público. Para reformarse, el PRD necesita hacer cambios fundamentales en la forma en que el partido opera cotidianamente así como aclarar sus posiciones políticas y de políticas públicas.

Consideramos que el principal error del PRD y sus dirigentes ha sido el fortalecimiento de procedimientos opacos, cupulares y poco democráticos. Las “corrientes” se han enquistado a tal punto que han convertido al partido en un sistema cerrado de defensa de liderazgos, privilegios y cuotas, uno que no vota cargos ni candidaturas sino que las negocia. Un partido que no se toma el tiempo de pensar y discutir sus posturas políticas por estar entrampado en rencillas palaciegas. Esto también ha implicado su aislamiento de la sociedad y de un electorado que se siente y que podría sentirse mejor representado por las izquierdas —aislado incluso al grado de obstruir legal y políticamente la incorporación de la ciudadanía al propio partido. El PRD es, hoy, un club cerrado con liderazgos fijos. Dieciocho meses de suspensión de afiliaciones son prueba suficiente de la crisis que enfrenta el PRD y de su distancia de la sociedad que supuestamente aspira a representar: ¿cómo se puede justificar así, desde una perspectiva de izquierda, el financiamiento público que recibe el partido?

Por eso, a pesar de que las izquierdas son la segunda fuerza política del país, no debe sorprender que su legitimidad social esté siendo cuestionada desde dentro y desde fuera. Por tanto, creemos que lavarse la cara no va a ser suficiente. Se requiere una cirugía mayor. Deslindarse de las figuras incómodas – de uno u otro lado- tampoco lo será. Para el PRD separarse de MORENA no es sinónimo de “democratización”, igual que para MORENA separarse del PRD no es sinónimo de “pluralidad”. De hecho nos negamos a ver a esta separación como el divorcio entre una izquierda moderna y una trasnochada, de una izquierda buena y una izquierda mala. Más bien la interpretamos como la separación entre un partido cerrado y de cuotas y un movimiento popular que no logra tomar una forma institucional mínima.

Ante la nuevas circunstancias, con una izquierda aún más atomizada y más plural, el PRD debe responder varias preguntas fundamentales: cuál será su rumbo, cuáles sus métodos, qué naturaleza tendrán sus relaciones con otros partidos, organizaciones, gobiernos y entes privados, cuáles sus acciones a corto, mediano y largo plazo para mantenerse como una opción de izquierda competitiva electoralmente. Esperamos que este proceso de reestructuración contribuya a uno de los objetivos que en Democracia Deliberada hemos señalado como indispensable: contar con una izquierda partidista abierta “que construye y sostiene de manera pública posiciones políticas claras y concretas [y que] tome decisiones cuyas consecuencias estén tan claras como sea posible, que las conozcan los ciudadanos y que se lleven a buen fin mediante la acción, supervisión y arbitraje de un Estado fuerte y democrático”.

Democracia Deliberada se pronuncia a favor de una reforma institucional dentro del PRD que devuelva la confianza en la vía partidista. Que abra al PRD a la sociedad, que elimine los dedazos y cuotas de grupo y permita la elección libre y abierta de cargos y candidaturas. Una izquierda partidista que ya no genere grupos de ovación, sino auténticas corrientes de opinión. Una izquierda abierta a las personas que tocan la puerta del partido y tienen ideas y energías para tratar de cambiar las cosas, para tratar de hacerlo mejor que los que ya están arriba.

Pero no nos engañamos. Sabemos a lo que vamos. Por eso los miembros de Democracia Deliberada reafirmamos que si queremos participar en el PRD es porque queremos exigirle más. Debemos zanjar el abismo de su déficit democrático y así combatir el desencanto por la participación política que sólo beneficia a quienes hoy están en el poder. Queremos un PRD deliberadamente democrático.

Por eso declaramos que aquellos que quieran acabar con la pluralidad de las izquierdas, privilegiar consensos forzados sobre la deliberación, buscar la aclamación automática antes que la discusión abierta, o mantener a las izquierdas cerradas a la ciudadanía, serán nuestros adversarios políticos.

Democracia Deliberada

corriente política

Calificar sin conocer las respuestas -séptimo comunicado-

Wed, 29 Aug 2012 11:32:00 -0500

Al calificar la elección presidencial, el TEPJF validará o no las condiciones de equidad en la competencia, el respeto al marco normativo, y la capacidad efectiva de los electores para emitir su voto en condiciones de libertad para expresar sinceramente sus preferencias.

Cuestionar el proceso no se deriva de un cuestionamiento al resultado. En todo caso, la revisión exhaustiva del proceso electoral podría o no derivar en un cuestionamiento al resultado que arrojó. La democracia descansa centralmente en la selección, mediante elecciones justas y transparentes, de quienes ocupan puestos de decisión. Por tanto, quien busca procesos incuestionables, defiende la democracia, independientemente de quiénes resulten ganadores.

Una elección puede resultar inválida y que al repetirla gané la misma persona o no; puede ocurrir igualmente que la elección se valide, pero en la resolución de quejas y demandas se entre al fondo de las circunstancias del proceso y el ejercicio libre del voto, y se identifiquen al menos las restricciones a lo segundo. En cualquiera de los dos escenarios hay un elemento clave: la información.

Los mexicanos llegamos al proceso de calificación por parte del TEPJF sin saber todo lo que tendríamos que saber. Peor aún, el propio TEPJF no tendrá a su alcance toda la información relevante para emitir su decisión. ¿Cómo validar una elección bajo esas condiciones? ¿Cómo identificar violaciones a principios constitucionales y ponderar su magnitud sin la información concluyente de los reportes de campañas (que se entregarán en octubre) y el consecuente ejercicio de fiscalización por parte del IFE (que concluirá en enero del 2013)?

Así, el TEPJF tendrá por parte del IFE y la FEPADE sólo información sobre quejas o procedimientos para los que ya se haya emitido una resolución con base en la información existente. Ello incluye las diligencias de investigación concluidas por parte de la Unidad de Fiscalización del IFE, que como sabemos, expresó hace apenas dos semanas que el COFIPE impedía acelerar el proceso de fiscalización.

Llegamos nosotros y llegan los magistrados del TEPJF a la calificación de la elección sin conocer toda la información relevante para validar el proceso:

No sabremos de quiénes recibieron dinero o donaciones en especie las campañas; ni por qué montos.

No sabremos el desglose de gastos operativos, gastos de producción o gastos de propaganda.

No sabremos si el IFE encuentra irregularidades en los reportes de las campañas, y mucho menos la magnitud de dichas irregularidades.

No sabremos si hubo o no rebases en los topes de gasto de campaña, por qué montos y destinados a qué tipo de gasto.

No sabremos si las violaciones a la normatividad implican sólo sanciones administrativas, ni las razones jurídicas para ello.

No sabremos si las encuestas publicadas constituyen o no una forma de propaganda (el IFE ya concluyó en su informe circunstanciado que no lo son dado que no encajan en lo que el COFIPE define como propaganda); ni si algunas de ellas, justamente con fines políticos, no cumplieron con los criterios técnicos propios de un estudio de opinión de esta naturaleza.

No sabremos el número estimado de ciudadanos que emitieron su sufragio sujetos a interferencias, presiones, coacciones o manipulaciones; ni la regularidad en la oferta de dádivas a cambio de voto que, el propio IFE concluye, “lesionan gravemente el derecho al ejercicio libre del voto”.

No sabremos la dimensión de la entrega de bienes privados; si éstos son un medio para la distribución de propaganda (como argumenta el IFE) o si su entrega fue condicionada a cambio del voto (sólo bajo ese condicionamiento el IFE considera que hablamos de “compra de votos”).

No sabremos las circunstancias de tiempo, modo y lugar en el uso y entrega de algunos objetos ya emblemáticos del proceso, como las tarjetas Soriana y Monex; o de cualquier otro, aún no conocido.

No sabremos los detalles ni el efecto del sesgo en coberturas mediáticas o de acuerdos explícitos entre televisoras y candidatos; el propio TEPJF ya decidió el año pasado que una cobertura mediática, por más sesgada que sea, no puede afectar un proceso que aún no inicia. Esto quiere decir para los magistrados, que todo lo que ocurrió en medios de comunicación antes del 7 de octubre de 2011 no pudo haber afectado lo que ocurrió el 2 de julio de 2012. Por su parte, el IFE concluyó, sin investigación alguna, que haya habido propaganda encubierta hacia algún candidato.

No sabremos pues a cabalidad, si hubo violaciones a los principios constitucionales que protegen la voluntad de los electores; ni mucho menos si tales violaciones fueron de tal dimensión que cuestionen el resultado de la elección.

La única conclusión posible a la que podemos llegar después de todo lo anterior no puede tranquilizar a nadie: en la calificación y validación de la elección, toda la información sobre las fuentes de ingresos y total de gastos de campaña, es considerada como irrelevante.

Mientras las autoridades no tengan la información relevante para calificar la elección, ya sea porque no existen los instrumentos legales y técnicos para recopilarla o se mantenga una interpretación jurídica que restringe su recopilación a partir de exigencias poco realistas, es difícil pensar que el TEPJF pueda dar respuestas a las quejas y cuestionamientos que plantean los dilemas más importantes de nuestro sistema electoral.

Hay dos momentos en los que la información detallada sobre ingresos y gastos de las campañas es clave (ya sea monetarios o en especie). En primer lugar, investigar y probar si hubieron violaciones a los principios señalados en el artículo 41 constitucional: universalidad, libertad, secrecía y voto directo. En segundo lugar, ponderar si la magnitud de dichas violaciones afectaron sustancialmente el resultado.

¿Con qué se violarían los principios constitucionales sobre las condiciones del voto, sobre los que descansa la validez de una elección, sin que en ello intervengan dineros?

Esta ausencia de información es resultado en gran parte del marco normativo que una clara mayoría de legisladores de todos los partidos propusieron y aprobaron en 2007. Con intención o sin ella, los partidos políticos permitieron que dado el proceso de fiscalización y validación del proceso electoral, quede un enorme espacio para que las campañas violen la normatividad sobre sus ingresos y gastos; así como para dedicar la cantidad que gusten a la transferencia de bienes privados (i.e. clientelismo).

Sí, pero si atendemos a los argumentos en algunas resoluciones del TEPJF, todo indicaría que incluso si tuviésemos toda esa información y aun en presencia de graves violaciones a los principios constitucionales, ello no bastaría para invalidar el proceso electoral. Ello se debe al criterio cuantitativo de determinancia de dichas violaciones, que,

“atiende a cierta magnitud medible, como puede ser tanto el cúmulo de irregularidades graves o violaciones sustanciales, así como el número cierto o calculable racionalmente de los votos emitidos en forma irregular […] a fin de establecer si esa irregularidad grave o violación sustancial definió el resultado de la votación o de la elección, teniendo como referencia la diferencia entre el primero y el segundo lugar”. http://www.te.gob.mx/transparencia/informes/info_04/05_tesis/tesis_relevantes/29.html

Bajo esta definición, no sorprende que el único criterio que ha sido realmente medido y usado, sea la distancia entre el primero y el segundo lugar. El resto nunca ha sido ni documentado, ni ponderado, ni cuantificado.

En la resolución de la Sala Regional del TEPJF con sede en Toluca, respecto a la elección en Morelia y la portación de un logotipo en los calzoncillos del boxeador Juan Manuel Márquez, se concluyó por ejemplo,

“es dable tener por acreditada la determinancia de las violaciones ya precisadas, toda vez que, como ya se apuntó, el margen de diferencia entre el primer y segundo lugar fue menor a un punto porcentual, por lo que al haberse desplegado las conductas en mención, a través de medios de comunicación masivos que se encuentran al alcance de la ciudadanía, es evidente que cualquier variación por mínima que se presente en el electorado pudo ser determinante”.

A eso se reduce el criterio de determinancia de quienes piden enfáticos que las impugnaciones, sujetas como todos a las limitantes de información ya señaladas, documenten perfectamente violaciones, su magnitud, y circunstancias de modo, tiempo y lugar. La imposibilidad por parte del TEPJF para cuantificar, ha derivado en que la documentación de ese criterio jurídico sea obligación de la parte acusatoria. No existe hoy en todo México alguien capaz de tal ejercicio.

Por ejemplo, en la resolución hecha por la sala superior del TEPJF sobre la elección en Acapulco (SUP-JRC-165/2008), a cargo de la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa, se concluye:

“[…]a estimación de esta Sala resolutora, los argumentos de disenso mencionados son infundados e inoperantes, esencialmente por tres razones. Primero, porque contrario a lo que en ellos se afirma, en el caso particular resulta elemental acreditar fehacientemente que las campañas electorales, que según la recurrente se sucintaron en contravención a la constitución […], fueron determinantes en el resultado de la elección impugnada, esto es, que las mismas hayan sido la causa primordial por la que los electores del Municipio de Acapulco votaron por dicho candidato y dejaron de hacerlo a favor de otra opción política, […] En segundo, porque esa determinancia, como bien lo sostuvo la Sala Unitaria en el fallo reprochado, no se acreditó por no haberse ofrecido en autos pruebas idóneas para demostrar la aludida determinancia de las campañas tildadas de inconstitucionales e ilegales por la impugnante; y tercero, porque el spot difundido en televisión […] por más que se haya transmitido en el intermedio de un partido de fútbol de gran afluencia de televidentes y que de acuerdo con la mercadotecnia los spots políticos son una herramienta de comunicación política-electoral eminentemente persuasiva que es utilizada por los partidos políticos y sus candidatos para influir en la preferencia de los electores, el spot de referencia por sí sólo no demuestra, en el ámbito real, que el mismo fue la razón o el motivo esencial y contundente por el que los electores de la municipalidad en cita hayan decidido ejercer su voto a favor del candidato de la Coalición “Juntos para Mejorar”.

Textualmente, alguien más, que no el TEPJF, debe demostrar a cuántos ciudadanos pudieron haber afectado las violaciones a los principios constitucionales. Como tal cosa no ocurre, ni por parte de quienes impugnan (¿cómo podrían?), ni por parte del TEPJF (¿ellos sí podrían?); entonces el único criterio que sobrevive es el de la distancia entre el primero y segundo lugar.

Estamos sujetos entonces a un marco normativo que produce tales vacíos de información; y al uso, de por parte de la máxima autoridad electoral, de criterios empíricamente imposibles y jurídicamente superficiales para ponderar violaciones a principios constitucionales. Ambos, las normas y su lectura son contrarios a una democracia que exija, de manera muy elemental, equidad, certeza y transparencia en sus procesos electorales; y que garantice el libre ejercicio del sufragio de todos sus ciudadanos.

En Democracia Deliberada pensamos que el marco normativo tiene que cambiar y al mismo tiempo exigimos a las autoridades correspondientes a que hagan una lectura de la ley que de la mejor respuesta posible a serios dilemas que se presentan en nuestra democracia. Consideramos que tanto la ley actual como las interpretaciones jurídicas que se han hecho hasta el momento no ayudan a resolverlos pese a ser planteados una y otra vez en un número cada vez mayor de procesos electorales. Por estas razones, quienes intenten mantener las leyes electorales tal y como están, para aprovechar los vacíos legales y de información que existen, así como quienes sólo quieran un lectura textual de la ley sin un interpretación jurídica relevante para la democracia serán nuestros adversarios políticos.

Las izquierdas ante falsos dilemas -Sexto comunicado-

Tue, 31 Jul 2012 18:58:00 -0500

Luego de la elección del 1o. de julio, hemos visto que desde distintos espacios de la discusión pública se han planteado algunas falsas disyuntivas con respecto al futuro de las izquierdas. En Democracia Deliberada consideramos que la mayoría ellas no sólo son poco útiles para definir el futuro, sino incluso dañinas, pues desvían la atención y los esfuerzos del verdadero debate. Se plantea, por ejemplo, que los simpatizantes de las izquierdas tenemos que, de una vez por todas, excluir y vetar a liderazgos o corrientes y optar de manera indiscutible por alguna de ellas, a pesar de que todas estas expresiones forman parte sustancial de las izquierdas mexicanas.

Este discurso que pretende establecer vetos y excluir grupos es a veces explícito y suele plantear una dicotomía en términos de liderazgos: el de López Obrador versus el de Marcelo Ebrard. Es decir, no logra ver más allá de filias y fobias individuales y olvida que la actividad política está hecha de ideas, agendas, formas y coaliciones. Estas disyuntivas tramposas hacen, una vez más, caso omiso del trabajo colectivo que implican los éxitos y las derrotas. En algunos casos, tal vez de manera más insidiosa, se plantea un dilema abstracto entre una supuestamente deseable “izquierda moderna” o “izquierda liberal” y una indeseable “izquierda trasnochada” o “izquierda populista”. Sin embargo, estos adjetivos nunca son definidos de manera clara y sólo suelen ser usados como etiquetas para excluir o deslegitimar a grupos o corrientes. Es claro que quienes convierten estos adjetivos en muletillas no lo hacen con un afán constructivo, sino que lo hacen como estrategia para apoyar una idealización hueca de las izquierdas que no existe en las disputas reales por el poder y la opinión pública.

Esto no quiere decir que repudiemos el uso de adjetivos para definir a grandes rasgos las características de las izquierdas de las cuales nos sentimos parte y en las que queremos participar. Es sólo que creemos que las izquierdas concretamente deseables, a las que aspiramos, tienen que ser democráticas e incluyentes. Esto quiere decir que las izquierdas no pueden definirse sólo por sus liderazgos. Por el contrario, las izquierdas democráticas reconocen y promueven la coexistencia de varios liderazgos con distintas características y métodos, al mismo tiempo que no se limita a ellos, pues los entiende dentro de amplias coaliciones entre corrientes políticas y de opinión construidas por una multitud de militantes y simpatizantes.

Es en la diversidad y en el respeto a la diferencia que las organizaciones políticas pueden aprender mejor y más rápido de sus errores propios para corregirlos. Si en el 2006 se cometió algún error importante en la coalición de las izquierdas, fue creer que los dilemas planteados por los críticos necesitaban una resolución urgente. No existía ni existe ahora una disyuntiva políticamente relevante en las izquierdas entre legislar y protestar, entre “moderna” y “trasnochada”, o entre “liberal” y “populista”. Los dilemas más importantes son los que plantean los propios dirigentes, militantes y simpatizantes de las izquierdas para usar de manera inteligente lo ganado y corregir errores para lograr que sus causas avancen. Son las reflexiones prácticas las que nos ayudarán a entender el contexto y después los caminos para llevar a buen puerto nuestra ideas, propuestas y aspiraciones.

Hoy sabemos que la coalición de izquierdas en el Congreso de la Unión puede jugar un papel clave en la próxima legislatura. En caso de que tras la calificación de la elección presidencial, las izquierdas sean oposición, estamos ante una oportunidad para que sean una oposición clara y firme que desde el primer día de gobierno se demuestre como una alternativa real frente a quienes tengan el poder. En Democracia Deliberada creemos que para lograr la consolidación de las izquierdas como opción de gobierno a partir de una amplia coalición social, se deben encontrar nuevos mecanismos de organización e inclusión que rebasen la captura burocrática y la personalización del poder. Se deben levantar los vetos, romper los viejos equilibrios e iniciar un proceso de reconstrucción de las formas en las que la ciudadanía participa activamente dentro de los partidos. Esto puede tomar la forma de un frente que tome como base a los tres partidos políticos de izquierda o incluso su unificación en un nuevo partido político. En cualquier caso, tenemos claro que ninguna de estas dos cosas se podrán lograr de manera exitosa sin una mayor apertura política o sin actitudes y hábitos democráticos e incluyentes.

Democracia Deliberada reconoce que el futuro de la izquierda no se encuentra cifrado en las disyuntivas que algunos críticos quieren imponer, sino en la apertura democrática al exterior y la inclusión reglamentada al interior de las fuerzas de izquierda partidista. Esto, trasladado al Congreso de la Unión, debería resultar en una poderosa oposición y no en un cúmulo de fuerzas divididas. Consideraremos como nuestros aliados a aquellos que ayuden en la definición de un proyecto de izquierda claro, coherente, democrático e incluyente. Por el contrario, cualquiera que intente imponer la falsa disyuntiva de una izquierda prístina y otra desechable y que con ello busque promover la división interna, será nuestro adversario político.

Democracia Deliberada

Corriente Política

Por una mejor democracia: impugnar, denunciar y protestar

Sun, 08 Jul 2012 19:21:00 -0500

-Quinto comunicado-

Los resultados de la elección del 1° de julio pueden tener distintas interpretaciones. Esta es la nuestra, desde una perspectiva, por supuesto, de izquierda. En estas elecciones, la izquierda se ha consolidado como la segunda fuera política del país; es hoy una alternativa para uno de cada tres mexicanos. La coalición de izquierdas obtuvo triunfos electorales en dos de los seis estados que renovaron gobernador y confirmó al Distrito Federal como su bastión, alcanzando niveles de votación históricos. Ganó Tabasco, estado gobernado por el PRI durante 83 años. Además, incrementó su representación en la Cámara de Diputados en aproximadamente 59 por ciento y mantuvo una importante participación en el Senado. Pero su avance no debe sólo medirse en términos de puestos ganados. La izquierda consiguió aumentar su nivel de votación en estados donde tradicionalmente no tenía presencia. Por ejemplo, pasó de 23 a 31 por ciento en Baja California y de 16 a 22 por ciento en Nuevo León.

Andrés Manuel López Obrador mostró seguir siendo un importante líder de la izquierda. En términos absolutos, obtuvo un mayor número de votos que en 2006 (un millón ciento cuarenta mil más) y superó los porcentajes obtenidos por los candidatos del Movimiento Progresista en ambas cámaras del Congreso. Aunque es imposible saber qué hubiera pasado en un escenario con un candidato distinto, el discurso que cuestionó (y sigue cuestionando) la pertinencia de su candidatura debe tomar esto en cuenta.

Los resultados de la elección, hasta hoy, no son definitivos. Ni López Obrador ni la izquierda, ni ningún otro actor político están obligados a reconocer un proceso con evidentes irregularidades. Al contrario, en Democracia Deliberada consideramos que la lucha por la democracia y el fortalecimiento de las instituciones que la sostienen es uno de nuestros objetivos fundamentales. Por eso, es necesario recurrir a todas las instancias legales para dar certeza a los resultados de esta elección.

Andrés Manuel López Obrador, a través de su coordinador de campaña, ha expresado que respetará el fallo del tribunal electoral. Desde nuestra perspectiva, este discurso es congruente con el respeto al proceso institucional, aprovechando las instancias legales que permiten presionar para que las prácticas antidemocráticas se castiguen. Impugnar la elección no demerita la labor realizada por el IFE y los ciudadanos. Al contrario, desde la izquierda, en Democracia Deliberada reconocemos que su labor durante la emisión y el conteo de votos fue ejemplar. Pero creemos que pedir que el proceso se revise fortalece al IFE y a la democracia, siempre que sirva para evidenciar las debilidades de un organismo aún perfectible. Las impugnaciones de la izquierda (y de todos los demás partidos) a esta elección deben ser usadas, entonces, como un mecanismo para fortalecer las instituciones democráticas en México.

Como antes lo hemos manifestado, valoramos la protesta como un acto democrático, por lo que rechazamos las reacciones que pretenden limitar a quienes han salido a las calles a mostrar su desaprobación a la forma en que se condujo el proceso electoral. Manifestarse es un camino paralelo y no contradictorio a la vía legal, siempre que no se afecten los derechos de los demás. Sin embargo, rechazamos también las acciones infundadas y la desinformación que han generado algunos medios y personajes públicos afines a la izquierda. Del mismo modo, rechazamos las actitudes de quienes pretenden normar el comportamiento del candidato de la izquierda, al calificarlo como inmaduro o antidemocrático por el simple hecho de ejercer su legítimo derecho y, desde nuestra perspectiva, su obligación, de señalar y pedir que se castiguen las irregularidades cometidas en esta elección. Por ejemplo, la cometida por el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, señalando que ‘nadie ganará en la mesa lo que no pudo ganar en las urnas’, cuando la posibilidad de anular una elección, si se cumplieran ciertas condiciones, es precisamente una de las atribuciones del tribunal.

López Obrador ha denunciado irregularidades en tres procesos electorales distintos y el resultado siempre ha sido positivo en términos democráticos. En 1991, como presidente del PRD, logró que se reconociera el fraude en Cárdenas, Tabasco y otros municipios de Veracruz. En 1994 exhibió el excesivo gasto de campaña del candidato del PRI y la influencia de dinero de fuentes ilícitas. Como consecuencia del conflicto postelectoral de 2006, la reforma de 2007 permitió un mejor funcionamiento del IFE en 2012, con un PREP más confiable y funcional, con la digitalización de las actas de cada casilla que otorga certeza a los conteos, con la regulación a los medios electrónicos, o con el ‘voto por voto’ como un instrumento con reglas claras. Sus contribuciones al fortalecimiento de la democracia en México son evidentes.

Por otro lado, consideramos que poco ayudan a la democracia las actitudes pasivas de Josefina Vázquez Mota y Gabriel Quadri, quienes en vez de activar los mecanismos institucionales para denunciar irregularidades, alzaron con complacencia la mano del candidato del PRI, fuera de todo tiempo legal. Incluso Josefina, quien denunció durante su campaña los manejos financieros por parte del PRI, parece validar con su silencio lo que fue objeto de sus críticas previas.
Llamamos a los miembros y simpatizantes de la izquierda a asumir una posición inteligente.

En el momento actual, se requiere pensar cada una de nuestras acciones y pronunciamientos, e informarnos e informar para manifestar nuestras inconformidades de manera inteligente. Por su parte, el equipo de campaña de López Obrador debe preparar una impugnación impecable. Debe privilegiarse como prueba aquello que pueda sostenerse de manera legal y que pueda ser demostrado. El equipo legal debe tomarse la vía jurídica en serio, optando por los alegatos viables y no apelando a la buena fe de los funcionarios y jueces (un buen precedente puede encontrarse en la impugnación de la elección municipal de Morelia.) La izquierda tiene la gran responsabilidad de representar dignamente a esos 15 millones de ciudadanos que le dieron su confianza con su voto.
Creemos, sobre todo, que detrás de la impugnación debe haber una crítica a las malas prácticas que se hicieron evidentes durante el proceso electoral y a las lagunas jurídicas y procedimentales que las hicieron posibles, dando lugar a una contienda inequitativa. Esto es, la impugnación de la elección constituye una crítica a la forma en que se ejerce el gasto en los estados, que sirve en muchos casos para promover el voto para el partido en el gobierno; una crítica a los gastos en publicidad disfrazados de comunicación social; una crítica a la relación entre los medios y los partidos y candidatos. Es necesario analizar el papel de las encuestas, que jugaron un papel más de propaganda que informativo y a las que hoy se cuestiona su credibilidad.

La impugnación debe ser también un llamado al Congreso para implementar las reformas que establezcan mecanismos más eficientes para sancionar a quienes usan métodos ilegales para obtener votos. Se requieren mecanismos para que los castigos tengan implicaciones inmediatas, en términos de candidaturas, votos y futuras participaciones, para quienes infrinjan la ley, y no sólo en términos de multas ex post a los partidos. Además, se deberá prestar más atención a los actos ilegales por sí mismos y no analizarlos sólo en términos causales, es decir, la compra y coacción del voto debería ser un delito grave por sí mismo y no sólo en términos de cuántos votos es posible determinar que fueron efectivamente coaccionados. Esta deberá ser la agenda que viene para las instituciones electorales y para la democracia en general. En Democracia Deliberada hemos decidido contribuir en esta discusión.

Seremos aliados políticos de aquellos que busquen una democracia más justa y equitativa, y que se pronuncien por mejores instrumentos para garantizar que los ciudadanos elijan a sus representantes de manera libre. Daremos una pelea junto a aquellos que se conduzcan por los canales institucionales para llevar sus justas demandas hasta las últimas consecuencias legales, de manera pacífica. Repudiamos las prácticas añejas que lucran con la necesidad para ganar votos y a quienes usan el dinero público con fines partidistas. Quienes pretendan limitar el derecho a protestar, quienes se queden callados ante la ilegalidad, y quienes validen el viejo estilo de hacer política, para ganar cueste lo que cueste, serán nuestros adversarios políticos.

Del fraude, el miedo y la calidad de la elección

Thu, 21 Jun 2012 17:11:00 -0500

-Cuarto comunicado-

Se han dibujado dos posiciones, en las vísperas de la jornada electoral, sobre la posibilidad de que ocurra un fraude. Por un lado, hay quienes expresan temor por la posibilidad de que se esté “cocinando” un fraude masivo de forma coordinada centralmente. Por otro lado, hay quienes argumentan que aquellos que claman que se prepara un fraude sin ofrecer pruebas concluyentes se comportan de manera antidemocrática y, en consecuencia, dicen, vulneran las instituciones y son un riesgo para la continuidad de la democracia. No compartimos ninguna de estas dos posiciones y creemos que la importancia que se les ha dado responde a la propia disputa electoral y ninguna reflexiona sobre los problemas que, en los hechos, afectan la calidad de nuestras elecciones. Creer que se debe tomar postura del lado de alguno de estos actos discursivos oscurece negativamente la posibilidad de enfocarnos en los problemas existentes.

Entendemos que nuestra democracia es joven y hay inercias que llevan a la población y a los actores políticos a temer la posibilidad de un fraude, así también hay inercias que llevan a temer la posibilidad de una ruptura en la democracia institucional. Sin embargo, creemos que las advertencias han cruzado el borde de la exageración. En este momento particular, con las leyes y las instituciones que tenemos y con los antecedentes políticos que hemos ido acumulando, creemos que no hay razones suficientes para temer ninguno de los eventos sugeridos anteriormente. Las autoridades electorales han hecho bien su trabajo, y han construido las condiciones en las que un fraude masivo y coordinado centralmente sea altamente improbable. No es un asunto de fe ciega en el IFE, es una confianza producto de la buena organización y de los mecanismos legítimos de impugnación. Por el otro lado, tampoco vemos ni la voluntad, ni la posibilidad de que la hipotética rebeldía de algún candidato frente a los resultados electorales vaya a producir un quiebre institucional. Las preocupaciones de tipo “preventivo” sobre posibles fraudes ocurrieron en la elección del año 2000 y de 2006, y nuestra democracia sobrevivió perfectamente sin importar los sobresaltos. Pensar que hoy no deberían existir preocupaciones similares es pensar que nuestra democracia funciona de manera perfecta.

Decir que se cocina un fraude presentando pruebas flacas o inconclusas puede manchar injustificadamente el prestigio del árbitro electoral por razones de interés de partido, pero no es necesariamente anti democrático ni tampoco anti-institucional. Tampoco hay que pasar por alto que estar atento ante la posibilidad de un fraude, por más mínimo que sea, también es un comportamiento natural en la democracia y los árbitros deben (y están) preparados para resistir las presiones y los cuestionamientos, ese es parte de su trabajo. El sistema entero depende de que, además de la imparcialidad y fortaleza del árbitro, los partidos sean vigilantes puntillosos de sus propios intereses, recopilen pruebas, impugnen y los presenten en los tribunales. El fortalecimiento de la democracia institucional pasa también por la desconfianza y la impugnación. Los partidos harán eso y harán bien en hacerlo, por el bien de la democracia.

Lo anti democrático y anti institucional sería que pasada la elección los perdedores se negaran a acatar las órdenes de la autoridad y actuaran en consecuencia. Podría ocurrir que el perdedor se moleste y se mantenga molesto por razones políticas, pero sin hacer nada más al respecto. Preocuparse paranoicamente por un fraude no es deseable pero es, sin duda, un caso común y esperable en todas las democracias, no sólo en la mexicana. Sí habría razones para juzgar los comportamientos como sediciosos en caso de que el perdedor hiciera un llamado y se organizara con el fin de derrocar al legítimo ganador. Sin embargo, es imposible afirmar que esto sucederá de antemano.Más aún, nos tranquiliza considerar que eso nunca ha ocurrido en el caso mexicano desde la alborada democrática de finales del siglo XX. No compartimos, por tanto, la percepción de algún sector de la población, en particular de algunos comunicadores, que predice, casi con certeza, que un conflicto postelectoral sucederá la noche del 1 de julio.

Así pues, vemos un riesgo mínimo y muchos beneficios en aquellos que se preocupan por comportamientos fraudulentos. Sin embargo, los dos miedos de los que hablamos, no por ser discursivos, dejan de tener consecuencias prácticas, materiales, y ninguna de los dos ha producido consecuencias que nos parezcan deseables en términos de apuntalar el juego democrático (quizá no tendrían por qué hacerlo en tanto actos de campaña) especialmente porque al convertirse en bandos, terminan ignorando lo sustancial.

Por nuestra parte, declaramos que no tenemos razones para dudar de que existen las condiciones para una jornada electoral limpia. Sin embargo, sí creemos que existe el riesgo de irregularidades y prácticas antidemocráticas que pongan en entredicho ciertas partes de la elección. Y, aún más importante, creemos que nuestra democracia electoral aún tiene problemas serios, que es perfectible y que se deben tomar las medidas para mejorarla. Vemos problemas que habrá que reflexionar más a fondo después del primero de julio. Basten estos cinco ejemplos:

La relación entre los medios de comunicación, los candidatos y la democracia en general.
La coacción del voto.
La violencia física entre candidatos y simpatizantes que ha llevado hasta el asesinato.
Fiscalización de donativos privados y gastos de campaña.
Las resoluciones del TEPJF.

Estos problemas tienen implicaciones negativas para la equidad de nuestras elecciones, la libertad en la participación electoral, la transparencia de la acción política de los partidos, la austeridad presupuestal, la paz democrática y la eficiencia en la resolución de conflictos electorales.

Por todo lo anterior creemos que cualquiera que exija al opositor que renuncie a la posibilidad de preocuparse y vigilar comportamientos fraudulentos está promoviendo un comportamiento no democrático. Cualquiera que diga que la democracia electoral está bajo riesgo de fraude masivo o de quiebre institucional sin suficientes argumentos y con fines políticos, está lucrando con el miedo injustificado. Cualquiera que niegue que nuestra democracia electoral aún es perfectible le estorba a aquellos que queremos elecciones más equitativas, con menos coacción y con menos violencia. Por eso declaramos que cualquiera que defienda estas tres posiciones de manera simultánea será nuestro adversario político.

DEMOCRACIA DELIBERADA

Corriente política

Un PRD deliberadamente democrático

Fri, 01 Jun 2012 13:38:00 -0500

-Tercer comunicado-

En Democracia Deliberada no escondemos nuestro partidismo, por el contrario, queremos demostrar que participar en un partido político es una actividad cívica como muchas otras. Que ciudadano no es sinónimo de apartidista y que partidista es una forma más de ser ciudadano. También creemos que el mejor camino – que no el único- para cambiar las instituciones y las políticas públicas del Estado son los partidos políticos. Esta es la razón principal por la que hemos decidido participar activamente en el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Sin embargo, con buenas razones, varias personas nos preguntan: ¿Por qué el PRD y no otros?

El PRD es el partido con el que tenemos más encuentros que desencuentros en objetivos, prioridades y preocupaciones. Sin embargo, también ha sido el partido que, a lo largo del tiempo, ha sido blanco de muchas de nuestras críticas. Es un partido político del que siempre hemos esperado más que de los otros, y con el que hemos sido más exigentes. Esas exigencias y críticas de ayer y de hoy, las hacemos pensando que las izquierdas deben y pueden ser una opción viable y deseable de gobierno para los mexicanos.

No hacemos caso omiso a los errores que el PRD y sus gobiernos han cometido. Han permitido la corrupción de dirigentes, funcionarios y militantes. No siempre han transparentado el destino de los recursos públicos. En distintos momentos han apoyado candidaturas de políticos que explícitamente violaron derechos civiles, y particularmente los de militantes de izquierdas. En muchos espacios no privilegian la discusión y el debate sino la negociación de puestos, recursos, y reglas. En algunos casos no han tratado de democratizar y mejorar el ejercicio de gobierno, por el contrario, a veces han reproducido las peores prácticas de los viejos gobiernos priistas y los abusos de los recientes gobiernos panistas. Creemos que todo esto puede cambiar.

También reconocemos sus aciertos y los asumimos como ejemplos que merecen se replicados: el énfasis en la redistribución del ingreso, en el combate a privilegios, y el respeto al ejercicio de los derechos civiles, por citar algunos ejemplos. En particular sus gobiernos en el Distrito Federal han demostrado avances notables en varios temas que afectan la vida cotidiana de las personas como pocos. Especialmente en asuntos de seguridad, transparencia, seguridad social, transporte, derechos de las mujeres y el reconocimiento de la diversidad sexual. Es verdad que el PRD no ha sido igual de consistente en esta agenda en todo el país; sin embargo, frente a los fuertes embates contra lo que significan estos cambios, han sostenido sus banderas. Su trabajo legislativo a nivel federal también suele ser muestras de ello, y ese fue el caso en la reciente discusión legislativa sobre una reforma política que acercara más a los representantes con sus representados.

Estos aciertos, nos parece, no ocurrieron de formas aisladas y son parte de la larga historia de las izquierdas mexicanas. De la corriente histórica que estuvo representada por el esfuerzo de democratización y unificación de varios grupos en el Partido Socialista Unificado de México (PSUM) a principios de los años ochenta; y más tarde en el Partido Mexicano Socialista (PMS) que fue producto del reconocimiento y cohabitación de la diversidad política en las izquierdas. Esa misma corriente histórica que supo identificar el impulso democrático que el movimiento cardenista dio a la oposición en 1988, y que al marcar una ruptura no sólo política sino también ideológica con el PRI de aquellos años, ha seguido dando cauce a demandas identificadas con los más débiles y los excluidos. Esos fueron años de adversidad, inequidad, riesgo y persecución política, que pocos hoy, se atreverían a enfrentar.

Los esfuerzos de los años ochenta por unificar las izquierdas partían del reconocimiento de las diferencias, y de la tolerancia para que diversas organizaciones y grupos de izquierda pudieran participar electoralmente. Esa premisa obligaba a que hubiera discusión, debate, deliberación, coincidencias y divergencias. Reconocemos que con los años esos esfuerzos y esos fundamentos se han desgastado. La “tribus” del PRD han tomado el aparato del partido para excluir a ciudadanos, no para incluirlos. Exigen tributo a sus dirigentes, en vez de fomentar la discusión y ampliar las coaliciones sobre las que se sostiene. Pero es precisamente por esta razón, que queremos participar en el PRD.

Queremos recuperar la premisa con la que se fundaron los tres proyectos de unificación anteriores, el reconocimiento de las decisiones colectivas, de la deliberación inteligente, y la generosidad de los acuerdos y desacuerdos políticos, para cumplir objetivos compartidos. Queremos recuperar el reconocimiento a las y los ciudadanos que deciden participar no para sacar un beneficio individual, sino para escuchar y hacerse escuchar. Queremos contribuir a que la acción política del PRD tome un rumbo más igualitario, más sustentable y más abierto. Queremos construir una izquierda que tome decisiones cuyas consecuencias estén tan claras como sea posible, que las conozcan los ciudadanos y que se lleven a buen fin mediante la acción, supervisión y arbitraje de un Estado fuerte y democrático.

La decisión de participar en el PRD la tomamos hace dos meses y no la tomamos casualmente. Sabemos que hoy tiene un significado distinto al que hubiera tenido hace tiempo, o después de la elección presidencial. Nuestra evaluación del gobierno panista de los últimos doce años nos llevó a la conclusión de que el electorado debe castigarlo sacándolo del poder porque pese a algunos aciertos no ha hecho un buen gobierno y su sostenimiento tendría consecuencias aún más negativas. No lograron tomar decisiones que echaran a andar la economía nacional, ni mejorar de manera sustancial la redistribución del ingreso. En el camino su estrategia en el combate al crimen organizado en algunos casos ha tenido en consecuencias indeseables en términos de seguridad, y en otros, directamente ha creado más víctimas, no menos.

En el caso del PRI nuestra conclusión es similar. Los gobiernos desde los cuales ejerció el poder en el pasado, y desde el cual lo ejerce hoy a nivel estatal no presentan evidencia de que sea un partido que haya cambiado. Por el contrario vemos la profesionalización y renovación de sus peores prácticas. No condenan ni combaten el privilegio, sino que lo ostentan. No reconocen y respetan los derechos civiles, sino que los ignoran o de plano criminalizan y excluyen a quienes los ejercen. Considerando su propio pasado, la corriente política que representan no ha logrado convertirse en una opción de gobierno que celebre el arribo democrático al poder sino, por el contrario, han aprendido a llegar al poder con instrumentos aparentemente democráticos, para después restringir la pluralidad y la democracia desde el gobierno.

Participar en el PRD es también parte de un llamado urgente. Es un llamado a darle la oportunidad de gobernar a una opción de izquierdas; a permitirle replicar su aciertos en todo el país y a que trabaje con los ímpetus transformadores que han vuelto a aparecer en nuestra sociedad. Pero también es un llamado a garantizar la existencia de una organización política de izquierdas que esté lista para gobernar y compita por el poder, si es necesario, desde la oposición. Una oposición que debe ser numerosa e inteligente. Democrática y asertiva. Deliberativa e incluyente. Es decir, deliberadamente democrática.

Democracia Deliberada

Corriente política

Protestar no es odiar

Wed, 23 May 2012 15:36:00 -0500

-Segundo comunicado-

Ha habido una reacción desproporcionada a las protestas recientes organizadas por estudiantes universitarios. Aquellos que protestaron contra el candidato del PRI en la Universidad Iberoamericana lo hicieron de forma pacífica y no le impidieron al candidato que hablara, lo mismo aquellos que marcharon en Reforma el 19 de mayo. Aún así fueron acusados en varios medios de comunicación de sostener un discurso de odio, de incitarlo, de rebajar la calidad del debate democrático e –incluso- de sostener actitudes de intolerancia “fascista”. Los estudiantes de esa y otras universidades hicieron bien en aclarar que no fueron violentos, en señalar las reacciones como desproporcionadas -cuando no mal intencionadas y calumniosas- y deplorar la mala calidad y la parcialidad con que muchos medios reportaron lo sucedido. La asociación de algunos de estos medios con el candidato del PRI provocaron que los estudiantes enfocaran sus siguientes protestas (#YoSoy132) contra Televisa, contra diarios como La Razón y Milenio y contra Enrique Peña Nieto. Hemos sido testigos de cómo, en una sociedad aparentemente libre y democrática, los jóvenes exigen con buenas razones mejor información y más libertad de expresión. El mercado de los medios y sus prácticas no han estado a la altura de lo que muchas personas esperan. Estos jóvenes lo han notado y han exigido que se cambie. Incitar al odio es un delito muy preciso que se refiere a promover el odio de manera intencionada contra grupos vulnerables, en un contexto específico y con consecuencias precisas. Nada de eso aplica a las protestas pacíficas de los estudiantes. Afirmarlo es un atentado discursivo contra la libertad de expresión. Protestar no es odiar.

Democracia Deliberada cree en la deliberación pública y razonada, pero también cree en las acciones deliberadas que hagan avanzar la democracia. Creemos en el diálogo y no creemos en la enemistad como forma de hacer política, pero también creemos que formas de debate entre adversarios políticos –tal y como las protestas pacíficas- tienen un papel legítimo y útil en las democracias. Protestar también es una forma de deliberar. En la democracia se necesitan demócratas deliberativos y también activistas deliberados. Tenemos razones prácticas y razones filosóficas para sostener este argumento.

La razón práctica es que el poder también afecta las formas y los fondos de las deliberaciones, por algo la lucha por espacios de deliberación auténticamente democráticos ha requerido muchos gritos y muchas pancartas. Protestar también construye democracia y, en casos como el actual, contribuye a mejorar la calidad del debate. Los contextos de deliberación no siempre son ideales y no siempre es posible intercambiar argumentos con los interlocutores para persuadirlos y llegar a un acuerdo, decisión o conclusión libre de los efectos de la desigualdad de poder existente. En contextos donde hay actores hegemónicos, suele ocurrir que los problemas centrales del debate quedan excluidos de la deliberación abierta. Cuando un auditorio está lleno de paleros irreflexivos y no deliberativos, cuando el candidato da atole con el dedo y se niega a responder con franqueza o acepta responsabilidad por atrocidades de Estado como el caso Atenco, estamos convencidos de que es legítimo protestar. Si protesto no necesariamente insulto, si insulto no significa que odio, si digo que odio no es que lo promueva, mucho menos que lo “incite”. Los derechos civiles no se aprenden, se verifican. Eso es lo que han hecho los estudiantes por nosotros y lo han hecho bien. Aquellas personas o medios de comunicación que busquen detener cualquier protesta pacífica argumentando que “incitan al odio” no sólo hacen mal uso del derecho positivo en la materia, sino que incitan al público a limitar la libertad de expresión.

Que defendamos la protesta no significa que neguemos la importancia de la deliberación. Significa que la entendemos de manera particular. Nuestra corriente política se inclina por una noción de pluralismo liberal de tipo “agónico”. Hacemos nuestras posiciones que consideran que tomarse el pluralismo valorativo y de opinión de forma seria es renunciar al sueño del consenso racional. El carácter pluralista de una sociedad democrática debe estar basado en que ningún actor social (proteste o no proteste, sepa de lo que habla o no lo sepa, apele a ideas o a emociones) se atribuya la representación de la totalidad. La democracia deliberativa no necesariamente termina en consenso (a menos que sea precario) ni puede escapar a la existencia de adversarios (aunque debe evitar la enemistad destructiva).

Oponerse a la existencia del conflicto entre adversarios democráticos suele enmascarar un deseo por esconder o por negarse a discutir los intereses y las coaliciones que hacen que la estabilidad sea posible. Ningún acuerdo estable es perfecto. La estabilidad es importante, pero respetar el acuerdo que la provee no lo es. Consideramos que la defensa gratuita del consenso y la concordia política es antidemocrática y antiliberal porque se niega a aceptar que la estabilidad siempre está construida con arreglos de poder. Negarse a discutir un pacto de estabilidad es negar que puede haber otro pacto, uno más justo y más funcional. Por eso deploramos las reacciones de los líderes del Partido Revolucionario Institucional y de algunos periodistas que detrás de la bandera de la “tolerancia” se han opuesto a la democracia pluralista y a la libertad de expresión.

Sin embargo, notamos con alegría que la reacción de los estudiantes y de la sociedad fue suficiente para contener los ataques. No recordamos ningún caso en que un candidato puntero haya generado tal cantidad de oposición movilizada en la época de campañas. Si acaso no cambian las mareas y el PRI gana las elecciones, las semillas de una mejor oposición (partidista o no) ya han quedado bien sembradas. Ahora es más difícil imponer agendas, opiniones o decisiones. La acción política que apuesta por la imposición hegemónica no debe esperar ser aceptable o aceptada. Hemos cambiado, la resistencia es cada vez más fuerte y más común. Las protestas y las marchas no fueron una casualidad, fueron una confirmación.

Declaramos que cualquiera que condene una protesta pacífica argumentando que incita al odio o que es antidemocrática, sin razones estrictamente legales para hacerlo, será nuestro adversario político.

Protestar también es deliberar,

DEMOCRACIA DELIBERADA

Corriente política

Carta a la Comisión de Afiliación PRD

Thu, 03 May 2012 13:59:00 -0500

Martes 1 de mayo de 2012

C. Edgar E. Pereyra Ramírez,

C. María de los Ángeles Correa de Lucio

C. Fernando Guzmán Cartas

Comisionados de la Comisión de Afiliación

Partido de la Revolución Democrática

Sres. y Sra. Comisionada,

Somos un grupo de 11 profesionistas, académicos y activistas de la sociedad civil organizada que hemos tomado la decisión de militar en la izquierda partidista. Todos nos reconocemos de izquierda y creemos que el PRD es el lugar más adecuado para nosotros. Hemos tomado esta decisión consciente y comprometidamente.

Sin embargo, algunos de nuestros miembros ya se han presentado a la oficina de afiliaciones en la calle de Monterrey 50, Col Roma, DF, con sus solicitudes de afiliación (con cartas, copias, identificaciones y demás requerimientos que el PRD solicita por estatuto y reglamento a los nuevos afiliados) y nos han dado respuestas muy desalentadoras. No sólo nos informan que nadie se puede afiliar al PRD, sino que el Secretario Técnico de la Comisión nos ha informado que no se sabe aún ni el cómo (el procedimiento) ni el cuándo (la fecha exacta) para que los ciudadanos puedan afiliarse. También nos han informado que esta situación no sólo ocurre en estos momentos, sino que no se han permitido nuevas afiliaciones desde la campaña de refrendo y afiliación que terminó hace ya casi un año (mayo 2011).

Esta respuesta nos tiene muy confundidos por dos razones. Primero porque no encontramos razón alguna en la constitución, el COFIPE, los estatutos del PRD y los reglamentos a los que hemos podido echar mano, para impedir o suspender las afiliaciones al PRD. El estatuto y el art. 5 del reglamento de la Comisión de Afiliación dice que el proceso de afiliación “será permanente” y nada en las atribuciones estatutarias de la misma Comisión nos indica que pueda cerrarlas o impedirlas. Tampoco encontramos razones que justifiquen el hecho de que el PRD sólo afilie personas vía las campañas de refrendo y afiliación que a veces se realizan. La otra razón que nos tiene confundidos es que mientras en la oficina de afiliaciones nos dicen una cosa, varios militantes del PRD como Jesús Ortega y Alejandro Encinas Nájera han dicho lo contrario en público: que las afiliaciones nunca cierran. Esto último es lo que uno esperaría siendo que el PRD es una “entidad de interés público”, subsidiada por el Estado y con la responsabilidad constitucional de ”promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos” (art. 41).

Dado que cuando acudimos a la oficina de afiliaciones y a la Secretaría Técnica de la Comisión ni siquiera quisieron recibir nuestros documentos, ahora estamos consternados. Por recomendación de algunos miembros del PRD, acudimos a ustedes para que nos clarifiquen la situación. Nos preocupa querernos inscribir y no poder hacerlo. También nos preocupa que al negarse a afiliar nuevos miembros, durante el último año, el PRD haya podido estarse aislando del resto de la sociedad y negándose la posibilidad de ser más plural y democrático como lo establece la “Declaración de Principios” del PRD. Nos preocupa que al mantenerse como una asociación cerrada, el PRD pueda estar dejando de ser un auténtico vehículo de representación y de promoción de la participación política de la ciudadanía.

Les agradeceremos mucho su respuesta a estas preocupaciones y que nos permitan afiliarnos lo antes posible.

Atentamente,

Los miembros de Democracia Deliberada

www.democraciadeliberada.tumblr.com

@ddeliberada

Saltar un abismo

Tue, 24 Apr 2012 21:46:00 -0500

-primer comunicado-

Somos un grupo de profesionistas, académicos y activistas de la sociedad civil organizada que hoy creemos que el mejor camino para cambiar las instituciones y las políticas públicas del Estado es la izquierda partidista. Nuestro compromiso con el crecimiento redistributivo, el gasto público progresivo, la construcción de un Estado fuerte y una sociedad más abierta, más justa, más igualitaria y más sustentable, nos conecta con las izquierdas más que con otras corrientes políticas.

En el pasado, algunos integrantes de Democracia Deliberada hemos presionado a los partidos políticos de todos los signos desde la sociedad civil no partidista con el objetivo de alterar su comportamiento. La intención era obligarlos a conectarse mejor con los ciudadanos y las ciudadanas; zanjar el abismo que existe en la democracia mexicana: el que separa a las personas de sus representantes y de sus servidores públicos. Ahora hemos decidido cambiar de táctica, pero no necesariamente de propósito.

Los partidos padecen de un déficit democrático. Algunas de sus manifestaciones son el mantenimiento de altas barreras de entrada a nuevas formaciones políticas, y la construcción de condiciones en las que los miembros de los partidos pueden construir sus carreras políticas sin poner mucha atención a aquellos que deberían representar o servir. El abismo democrático que hay que zanjar también está hecho de las reticencias de los partidos para reforzar la rendición de cuentas, combatir el clientelismo y el uso ilegal de dinero público y privado en su interior, a sujetarse a mecanismos populares de confirmación de cargos como la reelección, a eliminar fueros, a privilegiar formas abiertas de selección de candidatos y a regular el cabildeo para limitar la sobre representación de algunos intereses particulares. Los ejemplos son muchos.

Algunos integrantes de Democracia Deliberada usaron el voto nulo en elecciones intermedias como mecanismo de presión para forzar una transformación de los comportamientos partidistas. Algunos más buscaron, sin mucho éxito, conformar nuevos partidos que se comportaran de formas distintas a los principales. Otros promovieron reformas políticas, y han dado seguimiento a temas cruciales para la rendición de cuentas, mientras otros más han coordinado un marcaje personal a los políticos que se han considerado como más desconectados de sus deberes como representantes o como servidores públicos.

En un contexto como el actual, no es sorprendente que en la sociedad se haya generado tal descontento con los partidos, que un virulento discurso antipartidista se haya normalizado. Los dichos más comunes son: “todos son iguales”, “todos son corruptos”, “da lo mismo quien gane”, “son la némesis de los ciudadanos”, “la salida es limitar su influencia en nuestras vidas”, “hay que eliminar la partidocracia”. Nosotros sostenemos que éstas son ideas imprecisas. Ni todos los partidos son iguales, ni todos los políticos son corruptos, ni da igual quién gane. La mejor prueba es que no todos gobiernan igual. Es importante recordar eso en tiempos electorales. Hoy hay más opciones que antes, a pesar de su déficit democrático. Son malos partidos, pero ofrecen cierta variedad que antes no había, y compiten como antes no se hacía. Hoy entendemos que el problema no son los partidos, ni su centralidad en nuestra vida política; el problema es zanjar el abismo que los aísla de los demás ciudadanos, de los que no militan en sus filas.

Las iniciativas que promovimos desde el activismo no partidista tuvieron resultados mixtos. Tuvimos un éxito moderado en transformar los comportamientos partidistas para revertir el déficit democrático. Finalmente se legisló sobre los derechos a presentar iniciativas ciudadanas y candidaturas independiente y a llevar a cabo consultas populares. Sin embargo, tuvimos más éxito en otro asunto: con nuestro trabajo, el de otros colegas y el de muchos activistas que nos antecedieron, se sentaron las bases de grupos de presión política externa a los partidos que ya no sólo representan intereses comerciales o corporativos, sino que tienen la capacidad de impulsar agendas de interés más general o de defender a los más débiles, a los más desprotegidos. Es decir, nos sabemos parte de la resistencia en contra de la despolitización que beneficia a quienes hoy están en el poder.

La consolidación del activismo no partidista ha sido tal que, hoy, no son pocos los políticos que han comenzado a abandonar sus propios partidos. Antiguos militantes ahora quieren ser independientes. Partidos establecidos buscan ganar el favor de los electores nominando candidatos externos, figuras públicas no tocadas por el desprestigio partidista. Incluso los pequeños partidos que buscan crecer reniegan de su condición y dicen retomar lo que consideran banderas ciudadanas. El desprestigio de los partidos es tal que comienza a haber una tendencia al abandono, comienzan a sofocarse a sí mismos. Por eso hoy, en una situación con una sociedad cada vez más fuerte y partidos cada vez más debilitados, es necesario preguntar ¿Qué será de la democracia si los partidos que hoy tenemos no cambian? ¿Qué será de la representación política si estos partidos no mejoran? ¿Qué efecto se puede esperar de tener partidos que se niegan a serlo?

Hoy que hacemos pública nuestra intención de cambiar de trinchera, de apoyar y participar en las izquierdas partidistas, declaramos que nuestro objetivo es el espejo del que teníamos desde la sociedad civil no-partidista. No es que alguna vez hayamos sido anti-partidistas y que ahora ya no lo seamos. Más bien, antes, nuestro objetivo era generar motivos para que los partidos se acercaran al resto de la ciudadanía. Ahora buscamos lo opuesto: queremos ofrecer motivos a la ciudadanía para acercarse a los partidos políticos. Saltamos contra la corriente con la intención de convencer a las personas que hacen y han hecho política fuera de los partidos a que se unan a ellos, a que los transformen, a que los rescaten, a que los hagan suyos.

Participar en un partido no es un deber ciudadano, pero hacerlo es una forma de luchar por la representatividad de nuestra democracia. El activismo no partidista ya está echado a andar y no se va a detener. Quienes ya hacen ese trabajo hacen bien en no parar. La ciudadanía es muchas cosas. Nuestra participación en la república puede hacerse por muchos caminos, de muchas maneras y de formas simultáneas. Los partidos se asfixian en su aislamiento. Si los partidos no nos quieren representar, nosotros los vamos a representar a ellos. Cada ciudadano y cada ciudadana es la esperanza de un tipo de participación distinta. No todos los partidos son iguales, no todos los partidos gobiernan igual. Y si lo eran, y si lo hacían, hoy y mañana ya no la harán. A tomar los partidos. A ocupar lo que nos corresponde. A nadar contra la corriente. A zanjar el abismo. Esto no es un acercamiento, esto es una invasión.

DEMOCRACIA DELIBERADA

Corriente política